La Cámara de Diputados busca reformar la Constitución para establecer la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa del Ministerio Público (MP) y dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio.

El proyecto en análisis por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que el Procurador General de la República sólo podrá ser removido del cargo por causas graves y que será designado por el Presidente de la República con ratificación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente; asimismo, dicho funcionario público durará en el cargo siete años y podrá ser reelecto una vez.

El Artículo 102 constitucional vigente establece en su apartado A que el Procurador podrá ser removido libremente por el titular del Ejecutivo federal y que para su designación solamente se requiere la ratificación del Senado o de la Comisión Permanente.

La iniciativa de reforma constitucional promovida por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, a través de Lucila Garfias, establece que la autonomía del Ministerio Público habrá de contribuir a que la institución desarrolle su encomienda de manera imparcial y objetiva, ajena a caprichos y vaivenes políticos.

En el actual, el Ministerio Público tiene una marcada dependencia del Poder Ejecutivo y los principios que marcan su conducción son los de discrecionalidad y oportunidad, lo que desencadena una serie de actos arbitrarios, de represión y violatorios de los derechos humanos , expone la propuesta.

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