El nuevo Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, que se integrará según los criterios que determinen la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, tendrá como característica fundamental la interconexión de las bases de datos para que todos los integrantes puedan compartirlas.

La iniciativa del Ejecutivo federal, remitida a la Cámara de Senadores, para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisa que será obligación de los integrantes de las instituciones policiales, aun cuando no estén en servicio, intervenir para prestar ayuda a toda persona en peligro.

Ello con el fin de prevenir o reprimir todo acto que disturbe el orden público y proteger al individuo y a la colectividad.

Se sancionará con penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 600 unidades de medida y actualización (UMA) a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo y al Centro Nacional de Información la información a que esté obligado.

Las bases de datos, según la definición legal, “constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en los registros nacionales en materias relativas a detenciones, armamentos, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada.

Así como las propias bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada.

“El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información”.

Dicho sistema se integra “por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las instituciones de seguridad pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones”.

Las bases de datos, prevé el artículo 118, se actualizarán de manera permanente y serán de consulta obligatoria para la efectividad en las actividades de seguridad pública.

Además, el Registro Nacional de Detenciones se vinculará con las referidas bases de datos mediante un número de identificación.

“Con independencia de lo previsto por la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el Centro Nacional de Información determinará los datos adicionales del Informe Policial Homologado que deberán registrarse en el Sistema Nacional de Información.

“La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobará los lineamientos que determinen los casos en los que compartir información ponga en riesgo el curso de alguna investigación”, cita la propuesta de redacción del artículo 119.

El proyecto establece, a través de un artículo transitorio, que los gastos que se generen por la entrada en vigor de los cambios propuestos “se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones de seguridad pública, según corresponda”.

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