Organizaciones de la sociedad civil pidieron que sean desechadas las iniciativas presentadas sobre Ley de Seguridad Interior ya que, consideraron, ninguna dispone de mecanismos de protección a los derechos humanos, además de que militarizan la seguridad pública y otorgan mayores facultades al Ejército para intervenir en asuntos civiles.

En conferencia de prensa, representantes de Amnistía Internacional, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de México Unido Contra la Delincuencia, entre otras organizaciones, alertaron que una iniciativa de este calado no debe aprobarse al vapor .

José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el mensaje que se tiene que enviar a los legisladores es que este proceso legislativo no puede ser una herramienta para que las fuerzas armadas tengan una ley a través de la cual se garantice la impunidad y las violaciones a derechos humanos , ya que dijo las iniciativas presentadas hasta ahora tienen un mensaje implícito de que esto sucederá.

Cuestionó la iniciativa presentada por el diputado César Camacho, la cual estipula que toda la información generada se puede clasificar como información de seguridad nacional , lo que impediría que los instrumentos de transparencia puedan dar a conocer el actuar de las fuerzas de seguridad.

Precisó que entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2014, último año que se generó este tipo de información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la fuerzas armadas detuvieron a 64,000 ciudadanos, detenciones que fueron arbitrarias ya que no hay un marco jurídico que les permita hacerlas.

Por su parte, la politóloga Denise Dresser dijo que esta ley impedirá que las policías se profesionalicen además de que el Ejército se mantendrá en las calles, una situación que es insostenible, criticó.

A su vez, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que la regulación de la Ley de Seguridad Interior no debe transgredir derechos humanos y que requerirá un debate con cautela, amplio e inclusivo. (Con información de S. Corona)

EL DATO

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho presentó la primera iniciativa de modificación a la reforma de justicia penal que entró en vigor apenas en junio del año pasado.

Se propone considerar como delitos graves en contra de la seguridad de la nación, la portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Igualmente, busca dictar prisión preventiva oficiosa por el delito de tráfico de personas, así como el de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

También plantea evitar que se cometan delitos desde prisión bloqueando o anulando señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen desde los centros de internamiento, y sancionar el financiamiento al terrorismo. (Jorge Monroy)