El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 1 de octubre el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, el cual propone declarar inconstitucional la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el enjuiciamiento a exmandatarios de México.

“A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado”, resaltó el proyecto.

“Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí sólo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos”.

Argumentó que la consulta solicitada viola el principio constitucional de igualdad, ya que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y, en este caso específico, no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento.

Mencionó que la igualdad ante la ley obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación.

El proyecto recuerda que López Obrador propuso someter a consulta si son enjuiciados —o no— expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

“El objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, apuntó.

“La Constitución no puede destruirse a sí misma y, precisamente por ese motivo, prohíbe expresamente que la consulta popular pueda realizarse para preguntar si se quiere cambiar el sistema de gobierno o los principios fundamentales del Estado constitucional tales como la separación entre la Iglesia y el Estado, la forma republicana, el acceso al poder a través de la democracia, la dignidad humana o la prohibición de discriminación, entre otros”, puntualizó.

De aprobarse este proyecto en la sesión del próximo 1 de octubre, la resolución sería enviada al Senado de la República, que tendría que archivar el trámite solicitado por el presidente López Obrador.

Sobre el proyecto de la Suprema Corte, el presidente López Obrador negó en su conferencia mañanera que ésta sea en contra de la ley o violatoria de los derechos humanos.

Asimismo, envió un mensaje a los ministros: “No se dejen intimidar, actúen con apego a la ley (...) tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”.

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