La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) consideró que las autoridades encargadas de procurar justicia en el país han incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación.

En su Informe de Actividades del periodo del 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone un panorama poco alentador para el ejercicio periodístico mexicano.

El organismo autónomo detalla que del 1 de enero del 2000 al 31 de julio del 2013, como parte del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, se integraron 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a las garantías individuales en agravio de periodistas y medios de comunicación.

Se ha observado un notable incremento en la cantidad de agresiones en perjuicio de los miembros del sector periodístico, lo que ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos de los integrantes de ese sector y un menoscabo a la libertad de expresión , se lee en el documento elaborado por la CNDH.

Los datos de la Comisión reflejan, además, que del 2000 a julio del 2013 se ha tenido conocimiento de casos relacionados con la muerte de 85 periodistas o trabajadores del sector periodístico asesinados presumiblemente por el desempeño de su trabajo; del 2005 a julio del 2013 se ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la comunicación; y en el periodo del 2006 a julio del 2013 se fundamentaron 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación.

La ausencia de resultados en la atención de los casos de agravios a periodistas y medios de comunicación por parte de las autoridades procuradoras de justicia, así como de las encargadas de la seguridad pública en el país ha generado, en gran medida, que éstos queden impunes, además de propiciar que la violencia sufrida por aquéllos se incremente , abunda el reporte de la CNDH.

Así, el órgano autónomo recomendó a las autoridades federales y estatales, entre otras cuestiones, promover ante las respectivas legislaturas las adiciones y reformas necesarias para que en los códigos penales y de procedimientos penales federales y estatales se establezca la despenalización de los llamados delitos de prensa y, de manera expresa, se proteja el secreto periodístico.

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