Con la ausencia de Margarita Zavala, cuatro de los cinco candidatos a la Presidencia sostuvieron un diálogo con colectivos de víctimas de la violencia e inseguridad, organizaciones defensoras de derechos humanos y académicos, a quienes les plantearon sus interrogantes sobre cómo enfrentar la situación que padece el país en estos rubros.

El primero en aparecer en el Museo Memoria y Tolerancia fue Ricardo Anaya, aspirante de Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), quien desde el principio aseguró que la ruta que lleva el país en esta materia es “insostenible”.

A todos los candidatos se les cuestionó su postura en relación con la presencia del Ejército en las calles, la posible abrogación de la Ley de Seguridad Interior, la legalización del consumo de la mariguana, la Fiscalía General de la República y su disposición para apoyar una comisión de la verdad, así como un grupo de expertos que investigue la corrupción con posibilidad sancionadora.

En estos dos últimos rubros, sólo el candidato de Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade, rechazó la propuesta, bajo el argumento de la necesidad de reforzar las instituciones que ya tiene nuestro país.

Anaya Cortés dijo que la paz debe ser producto de la justicia y no de la impunidad; y con respecto a la Ley de Seguridad Interior, expuso que su deficiencia más grande es que no se establecieron incentivos para que los cuerpos civiles en materia de seguridad asuman su responsabilidad.

Sobre la política de drogas, el panista consideró que a corto plazo su legalización reduciría la violencia, aunque se pronunció a favor de un debate basado en la ciencia y evitando los prejuicios.

En su turno, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), insistió en su propuesta de que para evitar la violencia es necesario atender sus causas, y aseguró que su estrategia no se fincará en el uso de la fuerza.

Al cuestionarle su planteamiento de enviar una terna para elegir al titular de la Fiscalía General de la República, el tabasqueño dijo que será el Congreso de la Unión el encargado de su designación y que busca que la dependencia no sea una “tapadera” y que el Ejecutivo federal cuidará que quien la encabece sea una persona íntegra, honesta e inobjetable.

En relación con la salida del Ejército de las calles, López Obrador argumentó que se debe “ir viendo poco a poco”, al considerar que no es un asunto de “blanco y negro”. “Hay que ver qué conviene más para conseguir la paz”, añadió.

José Antonio Meade, quien se enfrentó a reclamos de familiares de las víctimas, se pronunció por que el nombramiento del fiscal ocurra antes de las elecciones.

Reconoció que la estrategia en materia de seguridad no ha dado resultado y defendió la Ley de Seguridad Interior, pues le da certeza a las Fuerzas Armadas.

Sobre la posibilidad de la legalización de la mariguana, dijo que ésta no tendrá un impacto en la disminución de la violencia, además de que el tema debe verse como una problemática de salud pública.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dijo estar a favor de un fiscal general autónomo e independiente, y en materia de seguridad rechazó crear un plan nacional y propuso realizarlo por regiones, ya que éstas tienen particularidades que deben ser atendidas.

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