El Senado procesará al menos 11 iniciativas sobre el uso de la mariguana, que van desde la aprobación del uso medicinal de la cannabis, nuevas leyes en materia de adicciones y reinserción social, hasta una ley de amnistía en favor de las personas acusadas de narcomenudeo por posesión de dosis de mariguana menor a 30 gramos.

Lo anterior, de acuerdo con un listado que dio a conocer el Senado en el sitio web abierto exclusivamente para el análisis de los diferentes usos e impactos de la mariguana y el cual enlista 11 iniciativas sobre el tema presentadas tanto por diputados como por senadores.

Hay iniciativas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que están a la espera de ser dictaminadas de cara al análisis que el Congreso de la Unión hará a partir del próximo lunes, con el objetivo de determinar si procede la legalización de la cannabis, en qué cantidad y para qué efectos.

El sitio web tiene la información sobre estudios en México y otros países sobre el uso de la cannabis y su impacto en la salud pública y salubridad, seguridad y justicia, el contexto internacional y los derechos humanos, así como el uso medicinal y terapéutico.

Entre los documentos se encuentra uno de la Secretaría de Salud, en el que precisa que el delta 9-tetrahidrocannabinol induce muerte celular, con disminución del tamaño de las neuronas y fragmentación del DNA en el hipocampo y, entre otras cosas, puede provocar reacciones disfóricas, ansiedad, pánico, psicosis y cuadros parecidos a la esquizofrenia.

Por otro lado, de acuerdo con el calendario, la inauguración de las audiencias públicas y la segunda reunión del Consejo Técnico para las Alternativas de la Regulación de la Mariguana será el 25 de enero en la Cámara de Diputados. Ese día se analizarán cinco temas, entre ellos el de la libertad, autonomía y autorresponsabilidad en la autoproducción y consumo, así como el derecho a la protección de la salud, resultados y costos de la prohibición en la salud.

Será el 2 de febrero cuando los foros se trasladen a la Cámara de Senadores para analizar el impacto y costos de la política prohibicionista en la seguridad pública, el control del mercado negro y aduanas y los posibles impactos en la dinámica del crimen organizado y del narcotráfico. Habrá 11 audiencias públicas que terminarán el 17 de febrero.

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