El fenómeno de la persecución de migrantes en Estados Unidos ya no sólo es un acto xenofóbico de los gobiernos radicales de ese país, sino que ahora se convirtió en una especie de negocio por parte de las cárceles privadas en la Unión Americana, que obtienen hasta 74 millones de dólares anuales por mantener recluidas a las personas indocumentadas.

De acuerdo con Human Rights Watch, organización no gubernamental internacional de defensa de los derechos humanos, procesar a los indocumentados con cargos penales y no por violaciones civiles es un negocio para las cárceles privadas, las cuales cobran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una suma de entre 50 y 95 dólares diarios por cada persona recluida.

Este negocio ha alentado el recrudecimiento de la persecución de migrantes en los estados de la frontera, sobre todo Arizona, Texas y California, donde se les apresa y conduce a prisiones privadas , refiere un punto de acuerdo aprobado por el Congreso mexicano para pedir al presidente Felipe Calderón una explicación de qué está haciendo su gobierno para impedir la deportación masiva de migrantes.

El punto de acuerdo, promovido por la diputada del PRI, Marcela Guerra Castillo, refiere que actualmente hay unas 32,000 camas o lugares en ocho centros de detención.

Existen empresas privadas que promueven estos convenios, como la Corrections Corporation of America, que administra 65 cárceles y centros de detención, la cual ha obtenido ganancias por 74 millones de dólares en el 2010 .

DEPORTACIÓN DE MEXICANOS

La Diputada recordó que existe en operación un acuerdo binacional llamado de Repatriación Voluntaria que permite la deportación de miles de mexicanos; en los últimos cinco años ha alcanzado un promedio de 500,000 al año.

En ese marco, la Comisión Permanente pidió al presidente Calderón un informe sobre las acciones que está llevando a cabo ante el gobierno de los Estados Unidos en relación con las deportaciones masivas de nuestros connacionales residentes en ese país.

Además, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que realice las acciones necesarias para defender los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, independientemente de su situación legal y migratoria, ya que han sido afectados por las políticas antiinmigrantes de algunos estados de la Unión Americana.