Rosario Robles, exsecretaria de Estado en el sexenio pasado, cumplió un año bajo la medida cautelar de prisión preventiva, la cual, coincidieron expertos, pudo haber sido excesiva al considerar que hay otras 14 medidas cautelares antes de la cárcel.

Entrevistado por El Economista, José Peña Lúcido, catedrático del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, indicó que el delito por el que está acusada Rosario Robles no amerita prisión preventiva.

Caber recordar que Robles está señalada de ejercicio indebido de funciones, específicamente por la omisión de no denunciar o impedir el desvío de recursos bajo el esquema denominado como “Estafa Maestra” que, de acuerdo con una investigación periodística, se trató de una operación en la que se utilizó a universidades públicas para desviar dinero del erario en la contratación de empresas fachada.

“Existe un catálogo de 14 medidas cautelares anteriores a la prisión preventiva; pudo haber entregado su pasaporte, pudo haber sido sujeta a un geolocalizador, pudo haber sido obligada a firmar cada ocho días, hay una serie de medidas cautelares anteriores y la última por ley es prisión preventiva. Los jueces no deben acudir a la prisión preventiva mas que cuando sea un caso estrictamente necesario u oficioso”, puntualizó el académico de la Ibero.

Acciones cautelares

Las medidas cautelares están estipuladas en el artículo 19 constitucional, el cual precisa, en su segundo párrafo, lo siguiente:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.

No obstante, el Ministerio Público, representado en la Fiscalía General de la República (FGR), puede solicitar la medida cautelar que considere necesaria, acotó Ariadna Salazar, académica de la Universidad Iberoamericana.

“Durante la etapa de investigación el Ministerio Público tiene que decidir entre distintas determinaciones; en el caso que nos ocupa se detectan las dos siguientes: si interpone el ejercicio de la acción penal, caso de Robles, o podrá acudir a un criterio de oportunidad, en el caso de Emilio ‘L’, estos últimos, se pueden activar cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer a juicio y que repare el daño causado. Tiene como efecto, la extinción de la acción penal”, precisó.

La especialista añadió que la prisión preventiva se puede mantener hasta que termine un proceso penal “si el juzgador lo considera necesario, por cuestión de necesidad en cuanto a que se puede considerar algún riesgo de sustracción de la justicia, o que se dé destrucción u ocultamiento de pruebas y también ante la posibilidad de que se pueda hacer daño a alguna víctima, testigos, incluso operadores de justicia”.

Criterio de oportunidad

Por su parte, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales especializado en corrupción y Estado de Derecho, José Fernández de Cevallos, mencionó que en todo momento la presunción de inocencia debe prevalecer.

“Debe respetarse y prevalecer un Estado de Derecho porque eso es lo único que nos garantiza las libertades que se busca prevalezcan en una democracia”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre si Robles podría apegarse al criterio de oportunidad el cual se ha apegado Emilio “L”, señalado como parte de la red de corrupción de la empresa de origen brasileño Odebrecht, Fernández de Cevallos indicó que dicho criterio sólo se puede aplicar cuando se garantiza la reparación del daño .

Si “el imputado quiere acogerse a ese criterio de oportunidad es tarea principal de él resarcir el daño (...) es el imputado el que debería ser más proactivo para poder resarcir el daño causado”.Añadió que el criterio de oportunidad está regulado en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual indica que se podrá aplicar en cualquier momento, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

A su vez la jurista y académica de la UNAM, Milca Judith Calzada Lemus, mencionó que el criterio de oportunidad utilizado por la Fiscalía no ha sido públicamente explicado.

Apuntó que se ha mencionado también la figura de testigo protegido. Sin embargo, ésta sólo está claramente identificada en casos de delincuencia organizada.

“Sí se encuentra regulada pero en el ámbito de la delincuencia organizada y en la ley de delincuencia organizada, incluso también en la ley de víctimas, pero en teoría no es... el caso de ellos (Robles y Emilio “L”) porque finalmente los hechos delictivos que en un momento se apuntan son de corrupción, evidentemente bajo sus diferentes vertientes (...) pero no caen, hasta el momento, en la ley de delincuencia organizada”, enfatizó la catedrática.

Qué sigue con Rosario

Arianda Salazar, jurista y catedrática de la Ibero, refirió que el proceso de Robles se encuentra en la etapa de investigación complementaria, en la cual la Fiscalía General de la República deberá de aportar las pruebas necesarias para fincar el delito por el cual se le acusa a la exfuncionaria federal.

Por su parte, el jurista también de la Universidad Iberoamericana, José Peña Lúcido, indicó que, de acuerdo a lo que se sabe de manera pública, se prevé que a finales de este 2020, o principios del 2021, se realice una audiencia de juicio oral, la cual consiste en la parte del juicio como tal en donde se precisará las responsabilidades que tiene la hoy imputada.

Este proceso, afirmó, se realizará con un juez que no haya conocido el asunto hasta ahora.

FGR cuestiona colaboración

Acusa violación en presunción de inocencia

La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, insistió en que el actual gobierno federal desea “anularme y silenciarme”.

Desde la cárcel de Santa Martha Acatitla cuestionó que, a quienes se les acusa de delitos graves se le respetan los derechos humanos y, a ella, que es señalada de un acto de omisión, se le mantenga detenida.

Luego de que el miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sugirió que Robles permanece en la cárcel porque no colaboró con las autoridades en el caso conocido como la “Estafa Maestra”, la exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano insistió en que no se le respetó el derecho a la presunción de inocencia.

Destacó que se le acusa por actos de omisión, más no de delitos graves que ameriten su estancia preventiva en prisión.

“Se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice. Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen. Llama la atención que soy la única en esta condición. A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad. La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”, escribió la exfuncionaria en una carta.

La defensa de Rosario Robles, a través del abogado Epigmenio Mendieta, dijo que su cliente no está acusada de afectación al erario federal, por lo que las declaraciones del fiscal son una afrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia. (Con información de Jorge Monroy)

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