De cara al próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, con el consenso de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, se propone ratificar la minuta del Senado en materia de transparencia gubernamental y de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. El decreto correspondiente, que modifica 11 artículos de la Constitución, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional.

Precisa que en la interpretación del derecho a la información, que el Estado está obligado a garantizar, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, así como que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y que la ley determinará los supuestos específicos bajo los que procederá la declaración de inexistencia de la información.

Mientras, la bancada del PAN ya resolvió impulsar la reforma integral del modelo de combate a la corrupción y rendición de cuentas de los servidores públicos mediante la creación del Tribunal de Rendición de Cuentas, así como la ratificación de las minutas por las que se creará la fiscalía nacional anticorrupción y otorgará autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sus contrapartes del PRI y PRD acordarán lo propio en los próximos días.

La minuta, que desde el pasado 21 de diciembre fue remitida por el Senado a la Cámara de Diputados, prevé la creación de un nuevo organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, que sustituirá al IFAI y contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con plena autonomía técnica y de gestión para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.

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