La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Primera Sala, no se pronunció respecto a la constitucionalidad del artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que se mantiene en sus términos.

En la sesión pública ordinaria, celebrada a distancia el pasado miércoles 13 de enero, la Primera Sala aprobó por unanimidad el proyecto que da cuenta del desistimiento de la autoridad que interpuso el recurso de amparo en revisión 971/2019, por lo que quedó firme la sentencia de amparo otorgada al quejoso por el juez de distrito.

De esa forma, la Primera Sala de la Suprema Corte, al haber el actor desistido del recurso legal, sobreseyó el asunto y el artículo quedó vigente. No se entró al fondo del artículo que versa sobre el secreto bancario, porque ya no había materia.

El artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que la información y documentación, relativa a las operaciones y servicios bancarios, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, sino únicamente al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Menciona que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario, sea parte o acusado.

Para tales efectos, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las autoridades que pueden requerir dicha información son: el Fiscal General de la República, los fiscales generales de justicia de los estados, subprocuradores, el Procurador General de Justicia Militar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Tesorero de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del INE.