La Política Nacional Anticorrupción (PNA), resultado de un ejercicio de sistematización y análisis de información y datos obtenidos a través de un mecanismo de consulta pública nacional, evidenció el alcance del problema y la incapacidad para combatir la corrupción en México.

Por lo que derivado del análisis, es posible sintetizar que en México prevalece una serie de condiciones institucionales, administrativas y sociales que incrementan los riesgos de corrupción en distintos ámbitos.

La semana pasada, por unanimidad, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó la PNA, el documento que “define el rumbo estratégico” para combatir este flagelo por parte de diversas instituciones del Estado mexicano. En el plan se establecen 40 prioridades de política pública.

El  PNA consideró dos elementos sobre los cuales descansa la definición de corrupción (corrupción como ilegalidad y corrupción como norma social), e identificó factores problemáticos y causas de la corrupción en el país.

De esta forma, indica el informe, la Política Nacional Anticorrupción se enfoca en dar solución a un problema en concreto: la incapacidad que se ha tenido tanto desde el Estado como desde la sociedad para controlar la corrupción, esto es: prevenirla, investigarla y sancionarla.

“Con lo anterior, el objetivo principal de la Política Nacional Anticorrupción es asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad con la finalidad de asegurar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno”.

Entre los factores que identificó el PNA como problemáticas de corrupción en México, destacan la prevalencia de altos niveles de impunidad en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción; ineficacia en los procesos de denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción; insuficientes capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos por hechos de corrupción, y persistencia de espacios de discrecionalidad excesivos, que propician la arbitrariedad en los entes públicos.

Además de que en México existe una deficiente institucionalización de un servicio profesional de carrera a escala nacional, bajo principios de mérito, eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional, ética e integridad; persistencia de esquemas de opacidad, ambigüedad y poca justificación en procesos de planeación, presupuestación y ejercicio del gasto público, y una deficiente homologación de sistemas, principios, prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización y control de recursos públicos a escala nacional.

Aunado a una persistencia de áreas de riesgos que propician la corrupción en las interacciones que establecen ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites y acceder a programas y servicios públicos; deficientes reglas en materia de contrataciones públicas, asociaciones público-privadas y cabildeo y un débil involucramiento social en el control de la corrupción, entre otras.

Con base en este análisis, la PNA definió cuatro ejes estratégicos y 10 objetivos específicos como la base de esta política nacional.

Entre ellos, promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora de los procesos. Además de fortalecer las capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos por hechos de corrupción; combatir la arbitrariedad y abuso de poder, y fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de presupuestación y ejercicio del gasto.

Dos presuntos responsables

A proceso, por fuga del Reclusorio Sur

Un juez de control vinculó a proceso el fin de semana a dos probables responsables del delito agravado de evasión de presos, luego de la fuga de tres reos del Reclusorio Sur.

Con los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el impartidor de justicia resolvió la vinculación.

Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legales las detenciones y les impuso la prisión preventiva justificada, como medida cautelar, por lo que permanecerán en el Reclusorio Oriente.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Respecto de los otros nueve imputados, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional; en tanto, continuarán con la medida cautelar de prisión preventiva. (Notimex)

maritza.perez@eleconomista.mx