El principal reto que enfrenta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es ganar la confianza de la ciudadanía; es más, esa institución va a ser efectiva cuando lo logre, plantea su nuevo titular Héctor Marcos Díaz-Santana.

En entrevista, asegura tener claro cuáles son sus prioridades: investigar y comprobar el uso de recursos públicos en campañas electorales; financiamientos ilícitos a partidos políticos y candidatos, así como la compra y coacción del voto.

El funcionario, que sustituye en el cargo a Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido por presuntamente haber incurrido en falta al Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, dice que esa dependencia necesita hacer dos alianzas estratégicas: con las organizaciones de la sociedad civil y aquellas que permitan hacer a los ciudadanos más responsables en los procesos electorales.

¿Cuál será el principal reto al que se enfrente la Fepade en las elecciones de este año?

Creo que tenemos tres retos: el primer reto es hacer de la institución un área de responsabilidad para la impartición de justicia penal; es decir, conocer las denuncias que presentan los ciudadanos sobre violaciones graves a sus derechos políticos-electorales que puedan constituir un delito electoral; integrar nuestras carpetas de investigación, y en su caso judicializar (…) Nuestro principal objetivo en la Fepade va a ser integrar 70 % de las carpetas de investigación en un término de seis meses, ése va a ser uno de los prefijos.

Su antecesor se había enfocado en los casos de corrupción electoral ¿Su administración hará lo mismo?

La institución tiene 23 años de haberse formado y los casos relacionados con financiamiento ilícito, uso de recursos públicos se han dado prácticamente desde el año 2002. Hubo el Pemexgate, posteriormente hubo el caso de Amigos de Fox, entonces esta área tiene un conocimiento en temas de corrupción política. ¿Cuál va ser?, y eso me preguntaron reiteradamente los senadores, ¿cuál va a ser una de las principales obligaciones? y les contesto: trabajar en tres frentes: primero, uso de recursos públicos en campañas electorales; número dos, financiamientos ilícitos, número tres, compra y coacción del voto. Éstas pueden ser nuestras principales prioridades a trabajar en materia de justicia penal y obviamente tenemos que atender todo el catálogo.

Hay un delito adicional que mucho está preocupando a los legisladores que se llama turismo electoral ¿qué quiere decir? que ciudadanos que viven en una comunidad se cambian a otras con el fin de poder favorecer a otro candidato con su voto.

¿Cuál será su visión sobre el fortalecimiento institucional y el desahogo de los expedientes pendientes que se tienen?

Yo puedo sintetizar algunas de las acciones en cuatro puntos estratégicos: el primero es un ejercicio de procuración de justicia penal más efectiva; número dos, acoplarnos al nuevo marco de la Ley de delitos electorales que, prácticamente, es nueva, del año 2014 y también coincidió con la transición al sistema penal acusatorio, adaptarnos al nuevo marco legal de operación; número tres que trabaje en temas de prevención del delito, y cuatro, el tema del blindaje electoral, que es evitar la utilización de recursos públicos para favorecer a partidos políticos y candidatos.

¿Podrían colaborar en temas de corrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción?

Yo creo que nosotros tenemos que hacer dos alianzas estratégicas: una, prácticamente, objetiva, trabajar mucho con organizaciones sociales especializadas en materia electoral y número dos, si quiere verlo como subjetiva (…) Tenemos que trabajar en acciones en donde hagamos al ciudadano más responsable en los procesos electorales.

¿Cómo viene la presión para la Fepade de cara a las elecciones?

En el proceso de comparecencia pública para fiscal electoral, cada uno de nosotros presentó un programa de trabajo, pero tuvimos la oportunidad de intercambiar diálogo y en ese intercambio hubo la oportunidad de comentarles que hay veces que las presiones que recibe la Fiscalía electoral se derivan de los partidos políticos (…) Si alguna persona cometió un delito electoral que este asunto se resuelva en los tribunales y no en los medios de comunicación.

En vista de la destitución del anterior fiscal, Santiago Nieto, y lo que se desencadenó después, ¿cómo acreditar la autonomía de la Fepade ante la opinión pública?

La ciudadanía, lo que ellos quieren, obviamente, son resultados, pero también hay que considerar que vivimos en un país de leyes e instituciones. Nosotros sí tenemos la obligación, en un momento dado, de actuar en el estricto apego a la ley, ¿qué quiere decir? que si a lo mejor la ciudadanía quiere que hagamos pública la investigación —obviamente, en este proceso la ley nos lo impide— pero si existe un hecho ilícito se va a consignar y cuando la consignación llega ante un juez el juicio es público. Ahí es cuando la ciudadanía se va a dar cuenta de los resultados que desarrolla esta institución.

¿A qué se comprometería con la ciudadanía?

Yo tengo, prácticamente, cuatro compromisos: el primero es desempeñarme en el estricto apego a la ley; el segundo, que esta Fiscalía sea una institución de cercanía con la ciudadanía; es decir, que no sienta que hay una institución con la que, prácticamente, no pueda tener interacción o que genere un sentimiento de indiferencia, entonces esta Fiscalía va ser efectiva cuando se gane esa confianza ciudadana; número tres, nosotros como Fiscalía debemos contribuir a mejorar las condiciones de la competencia política en las elecciones del próximo año, y número cuatro, creo que éste es un tema bastante relevante: esta institución tiene que ser un órgano muy efectivo en materia de procuración de justicia; es decir, si se presentan denuncias y existen los tipos constitutivos de delitos, vamos a actuar en consecuencia.

¿Cuál cree que sea el máximo talón de Aquiles de la Fiscalía?

Su rezago. Existen más de 4,000 asuntos en rezago en la Fepade y vamos a constituir un cuerpo especializado para tratar de acabarlo en tres meses (...) Pero el máximo reto que tiene esta institución es ganar la confianza de la ciudadanía.

Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños

  • Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
  • Se ha desempeñado como:
  • Asesor en el IFE, TEPJF, Conacyt y OEA.
  • Consultor del Centro Carter.
  • Profesor en Flacso, UNAM y el IPN
  • Director de Política Criminal de la Fepade.

     

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