Para medir la pobreza no sólo se necesita considerar el ingreso de los mexicanos, también es importante conocer el acceso que tienen (o no) a derechos sociales como alimentación, vivienda, salud, educación, servicios de vivienda y seguridad social. Pero más allá de sólo conocer el grado de acceso que tienen las familias a estos servicios, es determinante conocer que tan efectivo es dicho acceso. En otras palabras: es necesario extender la cobertura educativa en la población, pero es aún más importante medir la calidad de la educación a la hora de generar políticas sociales.

Esta es la propuesta que se presenta en la publicación Pobreza y Derechos Sociales en México, la más reciente del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). En el texto presentado este 10 de diciembre se busca revelar la importancia de medir la pobreza desde la perspectiva de derechos humanos, y por tanto desde derechos sociales.

En este sentido identificamos a los derechos sociales como las condiciones que permiten a los habitantes desarrollarse en un ambiente de libertad e igualdad. Como el derecho al trabajo, a la productividad, al medio ambiente, a la vivienda digna y decorosa, a una alimentación nutritiva y de calidad, a la expresión, a la cultura.

La integración del nuevo enfoque surge de la necesidad persistente de cerrar las brechas de desigualdad. Si bien se han percibido avances significativos en materia de reducción de carencias sociales, no se ha logrado aumentar el acceso efectivo a los derechos sociales de los mexicanos, dijo Gonzalo Hernández Licona, el Secretario Ejecutivo del Coneval, en la presentación del texto.

Esta situación se evidencia, por ejemplo, con avances significativos en la cobertura de salud a nivel nacional, en zonas rurales sólo el 13.2% de la población está fuera de servicios de salud. Esta cifra es mucho mejor que la presentada en 2008 cuando la mitad de la población no contaba con este servicio, de acuerdo con cifras del Coneval. Ahora entonces el planteamiento entonces es avanzar en términos de calidad.

El Secretario Ejecutivo mencionó que este esfuerzo busca integrar los conocimientos y el estudio especializado en materia social con el fin de que se cree un sistema de indicadores más completos que no sólo midan la pobreza de forma multidimensional, sino que midan también la efectividad del acceso a los derechos de la población mexicana.

Esta medición es necesaria porque el acceso a dichos derechos es un determinante fundamental para el desarrollo humano, social y económico de las personas. De modo que las políticas públicas además de enfocarse en reducir las carencias sociales (salud, educación, vivienda, servicios, seguridad social y alimentos) busquen incrementar la inclusión productiva. La única forma de cerrar brechas.

La pobreza en México de grupos vulnerables se perpetúa por conductas discriminatorias

Otra de las aportaciones del texto es que para desarrollar políticas sociales efectivas debe considerarse la existencia de grupos vulnerables y además de ello los planes o programas deben tener como objeto cambiar las estructuras que hacen que existan esas brechas de desigualdad de las que son víctimas los grupos vulnerables como mujeres, niños, jóvenes, indígenas y la comunidad LGTTTBI. Esto es, los esfuerzos desde la perspectiva pública para el desarrollo social deben incluir políticas antidiscriminatorias.

“La discriminación se materializa en la presencia de carencias sociales y perpetúa la pobreza en grupos vulnerables”, comentó Fiorella Macini, coautora y coordinadora del texto del Coneval. Enfatizando en la necesidad de erradicar de raíz las conductas discriminatorias que generan que las políticas públicas no logren disminuir las brechas de desigualdad y por ende la pobreza en el país.

El texto también evidencia, que la pobreza no es producto de una decisión o de una falla personal, sino que resulta de la persistencia de procesos acumulativos de desigualdades estructurales.

Por ello, de acuerdo con Macini, el objeto de la medición de las políticas sociales cambia cuando se integra a la ecuación la perspectiva de derechos sociales. En este enfoque se puede medir también el cumplimiento de obligaciones legales del Estado mexicano en materia social. Entre otros derechos, las autoridades deben garantizar la “no pobreza” de sus habitantes, que es la única vía para que gocen de un desarrollo humano pleno.

[email protected]