Indígenas del estado de Guerrero se han organizado para ejercer su derecho a la seguridad.

Seleccionaron a las personas que consideran más honorables de sus comunidades y las hicieron vigilantes. Van armadas y han arrestado a presuntos delincuentes, señalados por homicidio, secuestro y tráfico de drogas. Es la llamada policía comunitaria y cuestiona la función del Estado y la aplicación de leyes en México.

Para distintos expertos, la policía comunitaria del área de Costa Chica, en el sur de Guerrero, es resultado de un Estado que dejó de proteger la vida y la seguridad de las personas. Los ciudadanos, cansados de ser víctimas de la delincuencia, han decidido organizarse para hacer frente a estos problemas y resguardar la integridad de la comunidad.

El 31 de enero pasado, habitantes de seis municipios de Costa Chica presentaron a 54 arrestados por la policía comunitaria, regida bajo usos y costumbres indígenas, para juzgarlos por distintos cargos. Aunque dos semanas después entregaron a las autoridades formales a algunos arrestados, el 22 de febrero realizarán un juicio popular contra los restantes.

Estamos ante un fenómeno que debe preocupar a las autoridades , afirmó Marat Paredes Montiel, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La creación de las guardias comunitarias encuentra explicación en el olvido y, sobre todo, en la omisión del Estado con el deber de garantizar la seguridad pública , dijo.

La región, mayoritariamente indígena, presenta altos índices de marginación y pobreza, referidos por la falta de acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas o percepción de ingresos monetarios insuficientes (hasta 2 salarios mínimos). Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), 11 de los 14 municipios que componen Costa Chica tienen un grado de marginación muy alto; tres municipios, un alto grado y sólo uno, Marquelia, presenta un grado de marginación medio.

Para nadie es sorpresa que los ciudadanos de la zona hayan recurrido a la autogestión para enfrentar los problemas sociales que se generan en la zona.

Los ciudadanos de Costa Chica ya hemos recurrido a este tipo de organización (policía comunitaria) para hacer frente a los problemas delictivos , reconoció Ociel Hugar García Trujillo, presidente municipal de Florencio Villareal, uno de los municipios con habitantes involucrados con las guardias civiles.

Florencio Villarreal cuenta con 65 policías municipales y, ante la ola de violencia, las comunidades mantienen 100 vigilantes ciudadanos.

Para nuestra región no es tema nuevo el asunto de ciudadanos organizados , dice García Trujillo.

En la zona operó la guerrilla de Genaro Vázquez, un líder magisterial que tomó las armas en los años sesenta y setenta, hasta que el Ejército lo abatió en 1972.

En 1995 se formó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) para poner un alto a la ola de criminalidad y a los problemas de inseguridad. Y, en efecto, donde está la policía comunitaria han bajado los índices de inseguridad , afirmó García Trujillo en entrevista telefónica.

SIN CERTEZA JURÍDICA

Los miembros de la policía comunitaria son elegidos en sus comunidades a través de una asamblea pública: el pueblo nombra a sus mejores hombres, a las personas más honestas y comprometidas. El número de vigilantes depende del número de la población, explicó Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, una organización no gubernamental afincada en la zona.

Existe poca certeza jurídica sobre la legalidad de estos vigilantes.

Para René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, la respuesta es muy clara: No son legales. Debe legalizarse la participación y alcance de las policías comunitarias, tipificar en la ley sus atribuciones y ámbitos de acción con precisión y claridad , dijo.

Es un acto de justicia por tu propia mano. En términos de una valoración directa, te diría que no está ajustado totalmente a los procedimientos del derecho , opinó Isidro Pedraza Chávez, senador del PRD por Hidalgo y secretario de la comisión del Senado.

Aquí estamos en un paradoja porque lo que está en conflicto particularmente es la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de una región de Guerrero , añadió.

El artículo 2° de la Constitución Política de México, que obliga a los estados a normar el ejercicio de usos y costumbres, establece el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural .

Los artículos 35°, 36° y 37° de la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero otorgan el derecho para ejercer actividades de prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad , como la procuración y la administración de justicia y la readaptación de los transgresores de la ley con respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de terceros .

Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, tiene una opinión distinta a la de los senadores. Las policías comunitarias, afirma, son totalmente legales, puesto que la Constitución y la ley local permite a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación para decidir sus propias formas de organización social y para castigar los delitos de acuerdo a sus sistemas normativos .

EL REGRESO DEL ESTADO

En una cosa coincidieron los entrevistados: el Estado se vio rebasado y los ciudadanos decidieron organizarse y defenderse. Por eso, dijeron, es indispensable que el Estado restablezca la seguridad pública y privilegie el diálogo para evitar que situaciones como las de Costa Chica se salgan de control.

La justicia de los pueblos indígenas no es justicia de propia mano, no es una venganza privada, no son las hordas irracionales como se cree de los pueblos indígenas sin conciencia de los derechos, corriendo detrás de los delincuentes para matarlos, descuartizarlos , afirmó Vidulfo Rosales.

A García Trujillo, de Florencio Villarreal, no le extrañaría que se inicie un efecto dominó por el hartazgo de la ciudadanía , lo que llevaría a otras comunidades a recurrir a estos vigilantes.

Mientras los indígenas de Guerrero resuelven la situación de la policía comunitaria, habitantes del municipio de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, decidieron recurrir al mismo modelo para hacer frente a la inseguridad de la que son víctimas.

Juicios populares

Los arrestados por la policía comunitaria de Costa Chica serán juzgados por los ciudadanos de la zona, regida bajo usos y costumbres indígenas. Los juicios populares han cuestionado la legalidad del proceder de los pueblos indígenas en materia de justicia.

El juicio popular se realiza ante un tribunal integrado por personas que gozan de prestigio y calidad moral, como es el caso del sacerdote y profesores del pueblo , explicó Ociel Hugar García Trujillo, presidente municipal de Florencio Villarreal, Guerrero, quien tiene a su cargo 100 policías comunitarios para ejercer labores de vigilancia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares para que en la realización del juicio se respeten los derechos de los arrestados.

Las omisiones que han cometido las autoridades tienen que ser solucionadas restableciendo la seguridad pública y esto es lo más básico. La forma de restablecer la normalidad es garantizar el derecho esencial a la seguridad pública , afirmó Marat Paredes Montiel, segundo visitador general de la CNDH.

Los pueblos indígenas en Guerrero han llegado a prescindir de las leyes de Occidente , prescindir de los tribunales establecidos por el Estado nacional e instalar sus propios tribunales, dijo Vidulfo Rosales. Es el propio Estado mexicano el que no ha sido capaz de proteger mediante las leyes los bienes y la seguridad personal y el patrimonio de los pueblos indígenas , añadió.

mario.calixto@eleconomista.mx