El aumento de delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa es uno de los pendientes legislativos que la Cámara de Diputados podría discutir en el siguiente periodo de sesiones; sin embargo, organismos internacionales y locales advierten del riesgo que representa esta reforma para la presunción de inocencia, estipulada en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que llaman a reconsiderar esta figura.

De acuerdo con el texto vigente del artículo 19 constitucional, se ordenará esta medida cautelar para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Sin embargo, la minuta enviada a San Lázaro contempla prisión preventiva también para feminicidio, uso de programas sociales para fines electorales, robo a casa habitación, corrupción (en la modalidad de enriquecimiento ilícito), robo de hidrocarburos, desaparición forzada, delitos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, robo a transporte de carga, así como abuso o violencia sexual contra menores.

Hace unos días, Human Rights Watch (HRW) mostró su rechazo a esta medida, con el argumento de que ampliaría considerablemente el número de personas en los penales que no han recibido sentencia.

De acuerdo con el documento Características de la población privada de la libertad en México, del Inegi, poco más de la mitad de la población reclusa en los centros penitenciarios federales estaba en prisión preventiva, mientras que en los centros penitenciarios estatales 36% de los reclusos no tenía una sentencia condenatoria.

“México debería tomar medidas para eliminar la prisión preventiva automática, no para expandirla (...) La prisión preventiva es justificable sólo cuando resulta verdaderamente necesaria en las circunstancias del caso concreto”, destacó HRW.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró en la víspera que, de aprobarse la reforma a la Constitución, “resultaría contraria a los estándares internacionales y al debido proceso reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el Artículo 1 constitucional”.

Agregó que sería una “regresión al sistema inquisitivo” que no abonaría a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, a los que considera elementos indispensables en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU expuso en su momento que “el uso excesivo de la detención preventiva puede resultar en hacinamiento en los centros de detención (...) se puede vulnerar el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido”.