El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, censuró a los gobiernos priístas que entre 1942 y 1964 fueron incapaces de guardar y devolver el dinero a los braceros que fueron a trabajar a Estados Unidos.

Durante un acto con algunos trabajadores sobrevivientes de aquellos programas y de sus descendientes o familiares, a quienes se les entregó un apoyo por 38,000 pesos para cubrir esa deuda social, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseveró que esto es una muestra de que en la presente administración se enfrentan y se resuelven los problemas.

Al término de este acto simbólico, Poiré Romero recordó los antecedentes de este conflicto que se remontan al acuerdo signado entre los Gobiernos de Estados Unidos y México para que trabajadores del campo fueran a trabajar en el vecino país del norte que había entrado a la Segunda Guerra Mundial.

Esos acuerdos entre 1942 y 1964 incluían una cláusula para que el 10% de los ingresos de los trabajadores, se destinara a una cuenta de ahorro que sería reintegrado al trabajador luego de su regreso a México, explicó.

El programa terminó en 1964, pero el dinero descontado para el ahorro de los trabajadores migrantes simplemente desapareció, indicó.

Precisó que durante décadas no fue posible devolver ese dinero a sus legítimos propietarios, hasta que en el año 2005 el gobierno panista de Vicente Fox, aceptó crear un fideicomiso que permitiera devolver a los trabajadores migrantes el producto de su ahorro.

El secretario de Gobernación explicó que fue hasta la administración del presidente Felipe Calderón cuando se tomó la decisión en firme de devolver a los trabajadores migrantes lo que siempre fue suyo.

Gracias a la colaboración del Congreso, agregó, se incluyó en el presupuesto una partida para crear el fideicomiso que permitiera a su vez cumplir el compromiso del Estado mexicano con los migrantes.

El titular de la Segob informó que de acuerdo con las estimaciones del propio gobierno Federal, son 193,000 trabajadores migrantes de aquellos años, quienes tienen derecho a recibir el producto de sus ahorros.

Indicó que la mayoría ya ha muerto; sin embargo, sus legítimos representantes pueden reclamar el pago respectivo.

Para el ejercicio del 2012, el Congreso de la Unión aprobó una partida de poco más de 3,000 millones de pesos para el pago de los 38,000 pesos que se deben cubrir a cada trabajador o a su representante, explicó.

El funcionario federal señaló que se espera atender durante el presente año a poco más de 100,000 trabajadores o a sus beneficiarios.

Poiré Romero concluyó su intervención con el señalamiento de que este es un ejemplo más de que el presidente Felipe Calderón, en lugar de darle la vuelta a los problemas, los enfrenta de manera decidida y con ánimo de resolverlos.

Durante este acto decenas de trabajadores migrantes o sus beneficiarios recibieron su tarjeta del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), en donde se les depositó el pago de 38,000 pesos o su complemento para los que ya habían recibido algún adelanto. Lo mismo sucedió en diferentes partes del país.

MIF