El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció la integración de una base de datos confiable de personas reportadas como desaparecidas e informó que el Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa de ley para fortalecer la atención y protección de los derechos de las víctimas.

En rueda de prensa, Poiré Romero informó que, en un "esfuerzo interinstitucional sin precedente" y en cumplimiento de una instrucción presidencial, trabajará con los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno a fin de acelerar el paso para contar "a la brevedad" con esa base de datos que la sociedad demanda con urgencia.

Dijo que en la integración de ese mecanismo participan:

  • Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
  • Procuraduría General de la República (PGR)
  • Fiscalías y procuradurías de las entidades el país
  • Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de la Violencia y (Províctima)
  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

El funcionario dejó claro que para el gobierno federal no existe un dilema entre la protección efectiva de los derechos humanos y la seguridad, en tanto que la creación de la base de datos forma parte de los siete compromisos centrales del Ejecutivo federal en la materia.

Planteó que en tanto no esté aprobada esa iniciativa (fuero militar), el presidente Calderón ha instruido a la PGR, la Sedena y la Marina a explorar los mecanismos para que, sin violentar la ley, en los casos de violaciones de derechos humanos en que sean acusados miembros de las Fuerzas Armadas se busque la manera de transferir o declinar la competencia militar en favor de ministerios públicos y jueces civiles".

Detalló que en sus primeros cien días de creación Províctima ha apoyado a cerca de 4,000 personas en todo el país.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que se debe establecer y actualizar las directivas y los protocolos de la participación de las Fuerzas Federales en seguridad pública, para garantizar en todo momento que su actuación esté plenamente apegada a la legalidad con respecto absoluto a los derechos humanos.

Urgió a aprobar la reforma al fuero militar que envió el Ejecutivo y expresó que mientras no sea así se explorarán mecanismos para que se transfiera o decline la competencia militar en favor de jueces civiles o Ministerios Públicos, en los casos de integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a derechos humanos.

Dijo que el objetivo de intensificar la capacitación de los servidores públicos en materia de derechos humanos es "erradicar" las violaciones en esa materia por parte de las fuerzas federales encargadas de las labores de seguridad y promover la participación activa de los funcionarios públicos en ese rubro.

Alejandro Poiré recordó que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) signaron ya convenios con la CNDH para sensibilizar a los elementos de las Fuerzas Armadas.

PGR, A CARGO DE CASOS TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Sobre las indagaciones en el caso de los tres ex gobernadores del PRI en Tamaulipas y el decomiso de 25 millones de pesos en el caso de Veracruz Poiré comentó que los avances están a cargo de la PGR.

"En el Gobierno Federal nuestro compromiso es seguir trabajando por la seguridad y la justicia, así como en la integridad de los mexicanos", resaltó e insistió en que no se hace ni se hará jamás un uso político de la justicia.

CONDENA ATAQUE A NORMA ANDRADE

Poiré informó que mediante el mecanismo de Protección a Periodistas se han atendido 11 casos y otorgado protección a los afectados, mientras que en el caso de los defensores de los derechos humanos condenó de forma enérgica las agresiones en las que resultó herida Norma Andrade.

Precisó que la activista y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa cuenta con toda la protección a su seguridad e integridad y que se redoblarán esfuerzos 'a fin de contar con un mecanismo de protección federal más eficaz y más amplio de las y los periodistas y defensores de los derechos humanos'.

Más adelante el titular de Gobernación hizo hincapié en que el Gobierno Federal atenderá, como hasta ahora, todas y cada una de las recomendaciones de la CNDH, así como las de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y que seguirá abierto al escrutinio público.

MIF/ APR