Titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales de las zonas Noreste y Noroeste del país, reunidos en San Luis Potosí, acordaron 7 puntos relevantes de coordinación y cooperación, entre ellos la necesidad de concretar una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, además de ser coadyuvantes, cuando la Ley lo permita en agilizar el proceso de donación de órganos para salvar vidas.

Al frente del abogado de la nación, Raúl Cervantes Andrade en los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Conferencia de Procuración de justicia, los Procuradores y Fiscales de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, coincidieron que en el caso de Violencia de Género, Trata de Personas y Feminicidio, se requiere una Fiscalía.

En la reunión los responsables de procurar justicia en esas entidades, aunque no llegaron al compromiso de crear la Fiscalía mencionada, si se abrió la posibilidad de trabajar con todas las entidades para que se concrete la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia de Género, para que atienda los asuntos de violencia contra las mujeres, trata de personas y particularmente el feminicidio.

Los otros seis puntos abordados fueron, publicitar en sus respectivas áreas los beneficios que representa el procedimiento abreviado, así como la capacitación permanente del personal relacionado en la materia, más la cooperación a través de la inteligencia regional, reforzar los programas de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal Adversarial, más el seguimiento de acciones en política pública en materia de procuración de justicia.

En cuanto a la participación de los Agentes del Ministerio Público locales y el federal, coincidieron en que estos deben coadyuvar en la coordinación hospitalaria para que se agilicen los procesos de donación de órganos en aquellos casos en los que la Ley así lo permita y en cuanto a la prisión oficiosa para delitos del fuero común, propusieron incluir el delito de robo que atañe al fuero común, pero que se incluya en el catálogo de ilícitos.

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