Aunado a la destitución de Gonzalo Hernández Licona como secretario del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro al señalar que no se descarta la desaparición de dicho organismo, ya que, expresó, sus funciones podrían ser realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); estas declaraciones, indicaron especialistas, muestran el desconocimiento que se tiene sobre las funciones de ambas instituciones, además de que se necesitaría una reforma constitucional para desaparecer a la institución.

El primer mandatario expuso que el presupuesto anual que tiene el Coneval, organismo que se encarga de medir la pobreza en el país, puede destinarse justamente al combate a la marginación.

“(Que) vayan los 600 millones a combatir la pobreza, en vez de crear el aparato para medir si hay pobreza o no, y eso se puede seguir haciendo con el Inegi. Además, ya el Inegi hace trabajo, ya mide lo que tiene que ver con crecimiento económico y también mide pobreza. Son cosas que se tienen que ir ajustando, es parte de la transformación, de la austeridad republicana”, refirió.

Sin embargo, el Coneval ha afrontando asperezas con el propio Inegi. En el 2016 se generó una disputa entre el Coneval y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía debido a que éste último modificó la metodología de captación del ingreso de los mexicanos, lo que impactó en la medición de la pobreza.

Tras algunos meses de conflicto y dichos, finalmente el Inegi garantizó que la metodología y los datos que genera en sus mediciones serán comparables con los históricos.

Para Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, hay desconocimiento por parte del presidente sobre las funciones que realizan el Coneval y el Inegi.

“El Inegi sólo puede generar información a partir de encuestas o la recopilación de datos administrativos y de otro tipo y no puede realizar investigación y análisis, por supuesto que tiene la capacidad técnica para medir la pobreza, pero no tiene el mandato para diseñar los criterios para que se mida la pobreza y sobretodo evaluar los programas sociales, que yo creo que esa es la función que menos se ha enfatizado y la más importante del Coneval en esta coyuntura”, dijo.

El especialista refirió también que en realidad el presupuesto del Coneval es acotado en comparación con otras instituciones, además de que la mayoría de plazas de la institución son temporales.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2019, al Coneval se le destinaron 443 millones 135,606 pesos para su funcionamiento.

“Es una institución pequeña para empezar, no tiene una gran burocracia (...) Por otro lado, tiene una tarea gigantesca porque a partir de la reforma constitucional su tarea no es sólo evaluar al gobierno federal sino la política social nacional, que incluye a las entidades federativas”.

Cabe señalar que antes de dejar el Coneval, Hernández Licona había buscado que no se le recortaran recursos al instituto, debido a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal.

La desaparición definitiva del Coneval también supone un reto en lo jurídico, ya que se tendría que revertir la reforma constitucional del 2014 en donde se le dotó de autonomía.

De acuerdo con el jurista constitucionalista por la UNAM, César Astudillo, el Coneval tiene un régimen jurídico “extraño”, ya que por una parte aún le aplica el decreto por el que se creó en el 2005, en donde se crea como una institución descentralizada de la hoy Secretaría del Bienestar, aunque también ya se encuentra vigente su autonomía constitucional aun sin que esté aprobada su ley reglamentaria.

“Lo cierto es que esta autonomía todavía está en ciernes”, manifestó.

Astudillo concluyó que “hoy en día para quitarlo (al Coneval) habría que reformar la Constitución, sin duda”.

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