Frente al repunte desmedido de la inseguridad en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió establecer un Estado derecho —a la brevedad—, con aplicación de la ley sin excepción y que  permita recuperar la paz, la seguridad y la confianza para invertir.  

“Si es cierto que la violencia no se resuelve con violencia, también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni llamados a misa”, sentenció el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, al exigir a los gobiernos asuman su responsabilidad de manera inmediata

La impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables, reprochó el líder de los empresarios del país. 

Pero, dijo,  la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán u Oaxaca  obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada.

“Su responsabilidad (de los gobiernos) no se reduce porque haya elecciones ni pueden estar preocupados por otro objetivo que no sea cumplir a cabalidad con todos los mexicanos”, advirtió. 

Abundó que la ley no se cumplirá mágicamente en nuestro país; necesitamos medidas concretas y efectivas para lograrlo.

En ese sentido, la Iniciativa Privada (IP) exigió al gobierno federal y a los locales a “no esperar” a que termine el proceso electoral para tomar acciones o implementar reformas que permitan enfrentar la crisis de inseguridad percibida en todo el territorio nacional, pues está impactando en la actividad económica, las inversiones y los empleos.

“La urgencia es evidente”, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos, afirmó el empresario, al denunciar que tan sólo el mes pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, 25% más que en el año pasado. Mientras el robo de combustible creció 34% y el atraco a trenes con mercancías aumentó 581 por ciento.

“No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en el 2019. Es momento de actuar de inmediato”, pugnó De Hoyos.

Abundó que los empresarios están convencidos de que el gobierno en turno tiene que trabajar hasta el último día de su administración por atender, revertir y solucionar este gravísimo problema.

“Hay una necesidad imperante de que las autoridades no posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz”, expresó en su mensaje semanal la Señal Coparmex.