23 personalidades mexicanas -juristas, defensores de derechos humanos y periodistas-, demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación poner fin a la "grave injusticia" a la que ha sido sometida la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro.

" Urgimos a nuestro máximo Tribunal a dictar en breve la resolución que ponga fin a esta grave injusticia", dijeron los firmantes de un desplegado publicado este miércoles en el diario Reforma, titulado "Florence Cassez, 7 años de injusticia".

Entre las personalidades que firmaron la carta pública están el excanciller Jorge Castañeda, así como el poeta y escritor Javier Sicilia, que en 2011 tras el asesinato de su hijo perpetrado por narcotraficantes creó un movimiento civil de protesta por la estrategia antidroga.

Otros de los firmantes son Luis González Placencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis de la Barrera, experto en garantías individuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Eduardo Gallo, expresidente de la organización defensora víctimas de la violencia "México Unido contra la Delincuencia".

Para estas personalidades, las acusaciones contra Cassez, de 38 años, están fundamentadas "en pruebas indefendibles lógica y jurídicamente".

En este sentido, opinan que se violó el derecho de Cassez "al debido proceso, dejándosele en estado de indefensión, y se fabricaron pruebas en su contra en y desde la Agencia Federal de Investigaciones y la secretaría de Seguridad Pública Federal, con la anuncia de altos mandos de la fiscalía, que la Suprema Corte ya ha considerado invalidas", añadieron.

"Es una vergüenza para la justicia mexicana que aún permanezca recluida", sentenciaron.

Por último, las personalidades argumentaron que lo que Cassez "ha vivido en estos siete años puede pasarle a cualquier mexicano o residente en el país cuando el poder público se corrompe, no se respeta el debido proceso y no se imparte justicia pronta y expedita".

Cassez fue detenida el 8 de diciembre 2005 con su exnovio en una carretera cercana a la Ciudad de México, pero a la mañana siguiente la Agencia Federal de Investigación (AFI) simuló ante cámaras y reflectores la detención de ambos y la supuesta liberación de tres rehenes en un rancho.

El 21 de marzo, cuatro de los cinco jueces encargados de examinar la apelación en la Primera Sala de la Suprema Corte de México reconocieron "graves irregularidades" en el proceso, pero sólo dos de ellos votaron a favor de su liberación inmediata, cuando una mayoría de por lo menos tres votos era necesaria.

El caso de la ciudadana francesa debe volver a la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia a principios de 2013.

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