La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México solicitó continuar la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre cuatro hechos violentos ocurridos la noche del 24 al 25 de marzo del 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que fallecieron al menos ocho personas, de las cuales dos eran menores de edad.

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, expresó que “todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con dichos principios”.

Jarab agregó que la información hecha pública por la Secretaría de Marina en la que niega que se hubieran realizado disparos desde el aire y le atribuye la muerte de los menores y su madre a un tiroteo provocado por la presencia de grupos delincuenciales, va en contra de estas obligaciones.

Señaló que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de las Naciones Unidas, que están incorporados por las fuerzas militares mexicanas en su manual de uso de la fuerza, establecen que los efectivos podrán usar sus armas de fuego, incluidas las incorporadas en helicópteros, sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida.

Además los principios básicos referidos establecen que cuando al emplear un arma de fuego se ocasionen lesiones o la muerte de una persona, se “comunicará el hecho inmediatamente a sus superiores”.

En este sentido, la ONU-DH señaló que las medidas disciplinarias que fueran pertinentes y la investigación de la PGR deben incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido.

Por otro lado, la oficina destacó que no es la primera vez que un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos, incluso en Nuevo Laredo. Sin embargo, dichos casos no han derivado en los necesarios cambios de comportamiento institucional.

La ONU-DH instó a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables.

Asimismo, llamó a adoptar las medidas de protección necesarias para la familia y reforzar las medidas de protección ya otorgadas al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

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