Los primeros resultados del programa de observación electoral 2012 realizado por académicos de la Universidad Iberoamericana advierten la necesidad de rescatar el espacio de las redes sociales de estrategas de campañas políticas.

El seguimiento y análisis de los académicos de esa casa de estudios, hecho público el jueves pasado a través de Internet, indican que las redes sociales han sido secuestradas para difundir mentiras, rumores, campañas de intimidación, de difamación y discursos de odio que inhiben la expresión libre de ideas .

La recomendación es que los candidatos, actores políticos y medios de comunicación deben deslindarse de ese tipo de prácticas.

Desde mayo de este año se exhibió la preocupación de medir el impacto que las redes sociales tendrán en la toma de decisiones de los votantes. Por ello, académicos del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana diseñaron, a través del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios, el programa de observación electoral 2012, el cual supervisó las redes sociales y la cobertura informativa de las mismas.

El análisis consistió en revisar la influencia de las redes sociales en la formación de la opinión pública en comparación con los medios tradicionales.

Los saldos negativos detectados muestran que Twitter ha sido secuestrado por profesionales del rumor, el engaño y la intolerancia.

Incluso se ha observado el fenómeno de alteración intencionada de la conversación con estrategias de desinformación e intolerancia hacia periodistas, políticos y todo tipo de usuarios; estrategias implementadas por cuentas en muchos casos anónimas, que supuestamente promueven o se identifican con algunos candidatos (aunque no se puede saber si en realidad obedecen a los intereses de esos candidatos).

El estudio hace énfasis en el uso de ejércitos de usuarios falsos, conocidos como bots, utilizados para crear trending topics (temas de conversación en Twitter que actualmente son muy valorados por algunos medios y estrategas de campaña); creación de hash­tags denigrantes y discriminatorios (cyberbullying político); discurso violento y de agresiones contra actores públicos o personas identificadas como enemigos, así como difusión de campañas negativas para la difamación, insultos y notas falsas.

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