El Congreso de la Unión aprobó solicitar al presidente Felipe Calderón que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), difunda un registro exacto de los civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico.

El punto de acuerdo propuesto por la diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui, y avalado por unanimidad en la Comisión Permanente, planteó que ese registro se integre indicando edad, sexo y situación legal de las personas respecto a la comisión de delitos.

Se aprobó también solicitarle al gobierno federal la creación de un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes, para la reparación de los daños de la guerra contra las organizaciones criminales.

Además, instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que en coordinación con las secretarías de Salud; Desarrollo Social; y Educación Pública, opere un Programa Integral de Atención a las Familias e Infantes afectados por "la guerra contra el narcotráfico" y la operación de bandas criminales.

Dicho programa ofrecería servicios jurídicos, atención médica-psicológica a las familias, rehabilitación física en caso necesario y oportunidades para emprender negocios a las viudas y huérfanos.

El senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, expresó que el acuerdo es importante, "no sólo por el registro, sino porque se exhorta a constituir un fondo económico para las víctimas inocentes de esta guerra genocida'.

Hasta ahora, mencionó que 'han muerto más de 2,300 personas inocentes, tomando en cuenta las afirmaciones oficiales de que sólo 10% de los 23,000 muertos eran inocentes".

En tribuna el legislador lamentó que se haya retirado el punto de acuerdo para condenar la desaparición del ex senador Diego Fernández de Cevallos, porque habría sido una buena oportunidad para llamar la atención sobre todas las desapariciones y no sólo en torno a la de un político.

Expuso que el Congreso de la Unión debe pedir al gobierno federal que aclare si hay "protección, complicidad, impunidad. Hay favoritos, hay intocables o no", hacia alguno de los cárteles de la droga como se mencionó en los principales periódicos de Estados Unidos.

Por otra parte, la Comisión Permanente avaló otro punto de acuerdo para solicitarle al titular del Ejecutivo instruir a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar una investigación pronta y expedita por los homicidios de las activistas Beatriz Alberta Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola, este último de origen finlandés.

Dichas personas fueron asesinadas el pasado martes 27 de abril cuando se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui de Oaxaca, como parte de una caravana humanitaria.

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