En la Cámara de Diputados, Morena exhortó a las autoridades a abstenerse de formular declaraciones públicas respecto de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, mientras no se determine la responsabilidad de los acusados.

A través de un punto de acuerdo, el diputado morenista Juan Martínez se refirió particularmente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.

En el asunto, el legislador expuso que si bien la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación son derechos humanos reconocidos universalmente, las personas investigadas por este delito son alertadas a través de los medios de comunicación, lo que dificulta que sean sancionadas por sus actos.

El diputado agregó que en ocasiones los funcionarios públicos, por la naturaleza de su encargo, llevan investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y realizan declaraciones a los medios sobre acciones legales en contra de exfuncionarios de administraciones pasadas, de igual manera a compañías y empresarios tanto nacionales como extranjeros.

En este sentido, sostuvo que la corrupción, como un problema público, demanda atención inmediata y, del mismo modo, ha propiciado que ocupe un amplio espacio en los medios de información y genere intensos debates en la opinión pública.

El congresista señaló que, ante esta situación, muchas de las personas investigadas utilizan el recurso de amparo y huyen al extranjero, debido a que sus nombres fueron mencionados como presuntos culpables y al ser previamente avisados a través de las declaraciones, “terminan por burlar la justicia y quedar impunes ante la ley”.

“Esta grave situación actual obliga a tomar conciencia del problema y, por tanto, genera el interés suficiente para que los medios de comunicación se transformen en mecanismos de denuncia y los periodistas se conviertan en una especie de fiscales populares que investigan y difunden grandes actos de corrupción”, establece el diputado en su documento.

Recordó que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 especifica que:

“La corrupción se puede entender como el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual (...) la entenderemos como una forma específica de dominación social(...) en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos”.

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