En el marco de la incertidumbre y preocupación por la emergencia sanitaria de coronavirus y tras el fallecimiento de un migrante guatemalteco en el centro de detención migratoria de Tenosique, Tabasco, organizaciones internacionales y defensoras de derechos humanos exigieron al gobierno federal que incluya a los migrantes en las políticas de acceso a la salud, información, protección y bienestar que se implementen por el Covid-19.

Las oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lamentaron la muerte de un hombre de nacionalidad guatemalteca, solicitante de la condición de refugiado, que se encontraba en detención junto con su esposa, hijo, nuera y hermano en Tenosique, Tabasco.

Los organismos internacionales señalaron que según información oficial, la noche del martes 31 de marzo habrían ocurrido un motín y un incendio dentro del centro de detención migratoria, aparentemente por la incertidumbre y preocupación por emergencia sanitaria, así como la imposibilidad de retornos por el cierre de fronteras en algunos países, el prolongado encierro y el hacinamiento que viven en centros migratorios,

Además de la persona fallecida, hay otras trece personas heridas que permanecen en hospitales de Tenosique y Villahermosa.

Derivado de estos hechos, las agencias y organizaciones llamaron a la liberación de solicitantes de asilo de los centros de detención migratorias, para que puedan continuar su procedimiento en libertad y así protegerlas de la pandemia.

“Considerando las letales consecuencias que un brote de Covid-19 tendría, niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin bases legales suficientes deberían ser inmediatamente liberadas”, expresó la ONU.

En tanto, la CNDH informó que investiga los hechos ocurridos en la estación migratoria de Tenosique, y reiteró las medidas cautelares emitidas a fin de evitar el hacinamiento y contagio masivo de coronavirus entre migrantes.

Mientras que organizaciones como Sin Fronteras; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; La72Tenosique, reclamaron la muerte y exigieron al gobierno federal, que en el contexto de la pandemia, paren las detenciones de personas migrantes, libere a las personas detenidas en las Estaciones Migratorias y garantice el retorno seguro de aquellas que deseen regresar.

Además de que se les garantice sus derechos a la libertad, seguridad y salud.

Advierten vulnerabilidades en cárceles

Las condiciones generales en las que se encuentra actualmente el sistema penitenciario mexicano han derivado de una insuficiencia de recursos financieros, humanos, materiales y de instalaciones para poder ofrecer un servicio integral, situación que, durante una contingencia sanitaria, se convierte en una crisis que de no atenderse impactará a la sociedad, señaló la Fundación Reintegra.

Reintegra advirtió que casi el 50% de las personas en internamiento comparte la celda con más de cinco personas, es decir, una política de sana distancia no es posible.

Ante las medidas implementadas para evitar las contagios de Coronavirus en el país, Reintegra lamentó que, hay una población que no está siendo contemplada dentro de esta contingencia: las personas en centros penitenciarios.

“Poco se ha considerado el hecho de que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi el 50% de las personas en internamiento comparte la celda con más de cinco personas, es decir, una política de sana distancia no es posible partiendo solo de este hecho, pero eso no es todo, tampoco es realista pensar en la prevención del contagio masivo si se carece de agua potable, artículos de limpieza y acceso a medicamentos”.

Dijo Jimena Cándano, Directora General de Fundación Reintegra, agregó que, “si bien es cierto que la decisión de cancelar las visitas sería en pro se evitar el contagio para proteger tanto a la gente dentro y fuera, se vulnera aún más a la persona en conflicto con la ley porque es a través de estas visitas que ellos pueden obtener algunos de los recursos que el centro no le está otorgando. Esta medida puede generar una histeria colectiva, que podría evitarse al avalar sus garantías individuales y evitando la sobrepoblación penitenciaria”.