La Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) propuso al gobierno federal firmar el Acuerdo Nacional para el Desarrollo del Campo con centrales campesinas y productores, para impulsar la capacidad productiva del agro y establecer estrategias que permitan recuperar el mercado interno.

En entrevista, el dirigente de esa agrupación, Luis Gómez Garay, advirtió que hay incertidumbre en los campesinos del país por las nuevas atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la propuesta de reformar la Ley Agraria que promueve la venta de tierra ejidal.

Indicó que de prosperar dicha iniciativa, presentada por el ex presidente Felipe Calderón antes de acabar su gestión y que analiza el Senado, "se generaría especulación, acaparamiento y despojos en el mercado de tierras ejidales".

Gómez Garay aseveró que todavía existen cientos de expedientes agrarios que no han encontrado solución, lo que mantiene en la incertidumbre a miles de ejidatarios mexicanos.

Demandó al presidente Peña Nieto "revertir el efecto pernicioso que ha dejado para los campesinos mexicanos más de tres décadas de aplicación de políticas erróneas que han provocado la crisis de decenas de ramas de producción y arruinado la capacidad productiva".

"Revertir el profundo atraso que sufre el campo mexicano y que afecta crudamente a millones de campesinos que han sido arrojados a la miseria, es un reto que deberá asumir el Gobierno Federal que ahora encabeza Enrique Peña Nieto con el respaldo de las organizaciones campesinas", puntualizó.

Por ello, solicitó al jefe del Ejecutivo federal firmar con organizaciones campesinas y asociaciones de productores un Acuerdo Nacional para el Desarrollo del Campo que impulse la capacidad productiva de los productores y reactive "nuestro mercado interno".

El líder de la UGOCP calificó como urgente rescatar al campo mexicano del atraso y la pobreza mediante el fomento al desarrollo económico y el impulso de la capacidad productiva de los agricultores mexicanos.

Ello deberá hacerse "con el concurso de las instituciones gubernamentales, de las organizaciones campesinas, de las asociaciones de productores en el marco de un Acuerdo Nacional Para el Desarrollo del Campo que impulse la capacidad productiva de los productores", subrayó.

Advirtió que de ser aprobada la iniciativa que privatiza los ejidos, propiciaría "una fuerte especulación en el mercado de tierras en la que los ejidatarios sacarían la peor parte debido a su precaria situación económica que podría obligarlos a vender sus tierras".

Dichas reformas "favorecerían el surgimiento de acaparadores de tierra y a corto y mediano plazo una gran masa de desposeídos sin medios para trabajar que presionaría al gobierno para lograr sobrevivir", puntualizó Gómez Garay.

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