La organización civil Causa en Común pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sea anulada y expulsada la ley Bonilla del ordenamiento jurídico de Baja California, ya que la considera ilegal, además de que afecta los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Causa en Común presentó ayer ante la SCJN un recurso legal denominado amicus curiae (amigo de la Corte), para que se considere la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma constitucional local que permitiría al gobernador Jaime Bonilla permanecer en el cargo por cinco años, y no dos, como se encontraba estipulado en la Carta Magna de la entidad.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, explicó que este recurso, firmado por 137 personalidades, tiene como finalidad apoyar la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, debido a que —desde su perspectiva— ésta ley afecta los valores democráticos.

“¿Qué consideraciones jurídicas tenemos para presentar este amicus? Con este amicus estamos apoyando la impugnación de inconstitucionalidad que fue presentada por la CNDH, porque la ley Bonilla vulnera los valores democráticos, como el respeto al voto. 

“El Congreso suplantó la voluntad de los electores, eligiendo de facto que en lugar de dos años iba a ser por tres años más. Esto es como una reelección de facto. Además, contraviene las normas constitucionales, ya que no se promulgó ni se publicó 90 días antes del proceso electoral, como marca la ley”, dijo.

Recordó que los ciudadanos pueden interponer un amicus curiae, mas no una acción de inconstitucionalidad. Por ello presentaron este recurso en el que exponen la manera en que esta ley es ilegal, como lo considera la CNDH.

Confió en que el máximo tribunal le dé prioridad al expediente, debido a que es un tema relevante, porque no sólo afecta a los bajacalifornianos, sino a todos los habitantes del país.

“Imagínense que esta ley se quede así y que Jaime Bonilla haya podido cambiar su mandato de dos a cinco años. Bueno, a cualquier gobernador se le puede ocurrir que ya no quiere estar seis años y ahora quiere estar ocho o 10, cualquier legislador o inclusive el presidente de la República. Por eso es muy importante que todos nos pronunciemos en contra de la ley Bonilla”.

La activista añadió que se le ha pedido al presidente de la República que presente una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Sin embargo, a pesar de que dijeron que sí se llevaría a cabo, esto no ha ocurrido. Por ello, insistirán para que impugne la ley.