La tensión entre organizaciones sociales y autoridades migratorias, en el marco de la entrada a nuestro país de una nueva caravana de migrantes centroamericanos, crece conforme pasan los días ante las posibles violaciones a los derechos humanos de quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) informaba que en un sólo día fueron detenidos más de 2,000 migrantes de origen centroamericano, que incluyen a adultos y menores de edad que ingresaron de manera irregular por la zona fronteriza de Tabasco y Chiapas, una veintena de organizaciones defensoras de migrantes denunciaba que el INM había revocado la autorización de acceso y monitoreo de las condiciones en las que habitan migrantes en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, argumentando que “integrantes (del CDH Fray Matías) han incurrido en conductas poco profesionales al ingresar a espacios no autorizados y proporcionar información poco veraz que confunde a las personas extranjeras, además de no respetar los horarios establecidos para sus visitas”.

Desde el pasado 18 de enero, día en que la llamada caravana 2020 llegó a la frontera de Guatemala y México, el gobierno federal realizó un importante despliegue de elementos de la Guardia Nacional y agentes migratorios para evitar el paso de ciudadanos centroamericanos, al tiempo que ofrecía un ingreso regulado.

Desde aquel día y a raíz de las detenciones y enfrentamientos que se han suscitado entre los elementos de seguridad y aquellos migrantes que han intentado cruzar por el río Suchiate, los organismos defensores han denunciado que la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad, además del enfoque de seguridad nacional que se le ha dado a la caravana, criminaliza la migración.

Además, denunciaron que el INM continúa sin ofrecer información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional y al procedimiento de solicitud de refugio, así como una ausencia de medidas humanitarias efectivas, “centrando la operación en un aparato de represión y no en atender las necesidades más elementales de seres humanos extremadamente castigados por precarias condiciones de vida”.

Agrupaciones exigieron al INM y a la Secretaría de Gobernación que eviten desacreditar la labor de defensa de derechos humanos del CDH Fray Matías, y que autoricen de nuevo y de inmediato su capacidad de acceso a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Por otro lado, el INM detalló que el rescate de los miles de migrantes fue derivado de las tareas de inspección migratoria en áreas urbanas y rurales, por lo que en 24 horas localizó a alrededor de 1,300 migrantes en Tabasco y cerca de 800 en Chiapas, los cuales fueron trasladados a distintas instalaciones del INM para determinar su situación jurídica y, de ser el caso, regresarlos a su país de origen.

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