El senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, propuso la creación de la ley general para la prevención y atención del desplazamiento interno tras afirmar que en México se ha ignorado que hay alrededor de 160,000 personas desplazadas por diversas causas, entre ellas la violencia.

Expuso que el desplazamiento interno es la migración forzada dentro de un país, generado por el temor fundado de una amenaza directa e inmediata a la vida, seguridad, libertad o derechos humanos, pero se ha pretendido que en México sea un fenómeno invisible .

Sostuvo que en abril de este año, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno publicó en su reporte global que en la nación hay 160,000 desplazados, de los cuales 26,500 tuvieron que abandonar sus hogares el año pasado a consecuencia de la violencia del crimen organizado.

Concretó que los estados con mayor número de personas en esta condición a causa de la violencia son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz. Mientras que otras entidades que registran índices altos por otros motivos son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, esta última entidad por temas relacionados con el EZLN. La propuesta del perredista abarca tres principios: protección, atención e implementación de soluciones duraderas al desplazamiento interno.

Propone que se consideren arbitrarios los desplazamientos basados en prácticas, cuyo objeto o resultado, sea la alteración de la composición étnica, política, racial, religiosa o social de la población afectada; en situaciones de violencia generalizada provocada por la delincuencia organizada; por conflicto armado; por catástrofes naturales y cuando se utilicen como castigo colectivo.

Propone la creación del Consejo Nacional para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, el cual presidiría el Secretario de Gobernación, así como la creación del Programa Nacional para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen, mientras que la Comisión de Población y Desarrollo dará su opinión al respecto.

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