El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Romero Hicks, dijo que los "superdelegados" no tienen las atribuciones para intervenir en situaciones de seguridad municipal, estatal y/o federal por lo que seguirán en proceso para interponer una controversia de acción de inconstitucionalidad a la ley. 

En entrevista, después del foro “Día Internacional Voluntario 2018” en la Cámara de diputados, Hicks reconoció la rectificación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la intervención de los coordinadores estatales. 

Añadió que los partidos de oposición en conjunto alistan ya la impugnación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la intención de presentarla ante la Suprema Corte de Justicia antes del vencimiento del plazo legal, el próximo 2 de enero.  

Cabe mencionar que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los “superdelegados” son para facilitar la colaboración con los gobiernos estatales y que no intervendría en situaciones de seguridad sino de desarrollo social, y que los inconformes están en su derecho de actuar con libertad en caso de impugnar la ley. 

Romero Hicks aseguró que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene otros problemas de diseño, que en su momento se habrán de controvertir.

“Reconocemos que se está corrigiendo, hay que cambiar la ley, porque la ley está mal diseñada, no basta la voluntad del señor Presidente de la República, que reconocemos que, ante un error, corrige, porque además él había ido a la Conferencia Nacional de los Gobernadores hace un par de meses y había ofrecido que los superdelegados no estarían en funciones de seguridad”, dijo. 

El líder parlamentario de Acción Nacional cuestionó el carácter partidista de los “superdelegados” del gobierno federal, que incluso sin mandato ciudadano se encargarán de entregar los recursos de los programas sociales.

“En el mundo real están ubicando a personas que perdieron elecciones, que no tienen un mandato ciudadano, que van a distribuir el gasto público, sobre todo en materia social, y claramente se interpreta que tiene un sentido de partido e ideología, lo cual resulta inaceptable, y el ciudadano va a estar confundido porque votó por una persona y el que empieza a repartir el gasto es otra”, dijo.