Diez años después del inicio de la llamada guerra en contra del narcotráfico, en México persiste una situación de violencia generalizada, así como una condición de impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, de acuerdo con el más reciente informe de Amnistía Internacional.

En el apartado sobre México, la organización documenta que tras un periodo preparatorio de ocho años, México culminó la transición de un sistema de justicia penal inquisitorial a uno basado en juicios orales. A pesar de la aplicación de la reforma, persistían muchos de los problemas que aquejaban al sistema anterior, como el incumplimiento de la presunción de inocencia .

En su informe, La situación de los derechos humanos en el mundo (2016/ 17) , la organización destaca que el plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre del 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se había cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales.

En el documento se lee que la violencia en el país aumentó notablemente; las autoridades registraron 36,056 homicidios hasta el final de noviembre la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en el 2012 frente a los 33,017 de 2015.

Amnistía Internacional asevera que los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente. Las Fuerzas Armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma del 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares .

El organismo internacional hace referencia de las fosas en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos; el enfrentamiento en Nochixtlán, estado de Oaxaca; casos de tortura en el municipio de Tanhuato, Michoacán, y el presunto homicidio de 22 personas en Tlatlaya a manos de soldados. Casos que permanecen sin concluir.

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