La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó “deficiencias” en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tales como falta de confidencialidad de los beneficiarios y recursos insuficientes para que se pueda desplegar de manera correcta el programa.

“Los beneficiarios manifestaron deficiencias en el otorgamiento de dichas medidas, tales como la falta de confidencialidad, ya que reciben llamadas de instituciones bancarias y, en algunos casos, llamadas de extorsión, noticias, y promociones de algunas empresas de comunicación y de la empresa que renta el servicio de telefonía de los equipos”, indicó el máximo órgano fiscalizador en la auditoría: 2018-0-04100-19-0015-2019 15-GB, realizada al mecanismo de protección a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asimismo, la ASF refirió en la auditoría, perteneciente al segundo paquete de resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2018, presentado en la Cámara de Diputados por el auditor de la Federación, David Colmenares Páramo, que incluso algunas medidas de protección acordadas entre los beneficiarios del mecanismo y la Segob no se cumplieron.

“Respecto del servicio de escolta, (los beneficiarios) señalaron deficiencias respecto a que algunos de éstos no son sometidos a una preparación adicional que permita tener controles de calidad en el servicio, además de la falta de oportunidad en la instalación, capacitación y operación de los equipos (cámaras, luces, entre otros), así como de las medidas cautelares acordadas en reuniones de trabajo entre los beneficiarios y la Secretaría de Gobernación, de las cuales, algunas de ellas nunca se cumplieron”, indicó.

Sobre las empresas que proveen el servicio de protección a periodistas y defensores, la ASF determinó que no hubo evidencia presentada por la Segob en la que se indique que las organizaciones contratadas son las que tuvieron una mejor oferta en cuanto al servicio de protección.

“Respecto del procedimiento de adjudicación del servicio para otorgar las medidas de protección correspondiente a los fideicomisos 10232 y 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, no se cumplió con los criterios establecidos en la normativa para efectuar adjudicaciones directas fundamentadas en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respecto a que su contratación mediante licitación pública pone en riesgo la seguridad nacional.

“Además, no se acreditó que la investigación de mercado se realizó con empresas cuyo objeto fuese la prestación del servicio requerido, a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”, indicó.

Sobre el personal que labora en el área de atención del mecanismo de protección, la ASF no encontró evidencia de que contaran con los perfiles idóneos.

En este contexto, la ASF acotó que a finales del año pasado, los fideicomisos del mecanismo no tuvieron los suficientes fondos para otorgar las medidas de protección.

Como conclusión, la Auditoría determinó 17 recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.