Organizaciones defensoras de la libertad de expresión llamaron al gobierno federal a atender las recomendaciones que la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU hizo a México.

En conferencia de prensa, también pidieron que, una vez concluido el proceso electoral, se instale una mesa de trabajo para diseñar la manera en la que se implementarán las recomendaciones de los organismos internacionales.

“Lanzamos una petición concreta para que una vez definida la elección el 1 de julio se establezca una mesa de trabajo con el gobierno en transición, a fin de diseñar de manera inmediata un plan de gobierno encaminado a atender las recomendaciones de los relatores para la libertad de expresión”, señaló Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con los informes, se urge establecer estrategias integrales y coherentes en materia de protección, prevención y rendición de cuentas, además de enfatizar la necesidad de una política pública integral en materia de libertad de expresión.

“Es importante que desde el Estado mexicano se reconozca la importancia de la labor que realizan los periodistas, y es necesario que se repudie en todo momento los delitos en su contra”, destacaron las organizaciones.

Sobre el mecanismo de protección destacaron la necesidad de su fortalecimiento pero desde una perspectiva interseccional, de género y multicultural, “que no sólo se proteja a las personas y sus seres queridos, sino también a la labor del periodista y de defensa de los derechos humanos”.

Los organismos internacionales puntualizaron en el informe la importancia de la coordinación entre el gobierno federal, los estados e instituciones encargadas de la protección y atención a víctimas, para que sea exitosa la seguridad a periodistas.

Mario Cardozo, de Propuesta Cívica, dijo sobre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) que ésta tiene poca efectividad en los casos que resuelve, ya que desde su creación sólo ha logrado cuatro condenas en contra de agresores a la prensa.

“La impunidad estructural y generalizada hacia delitos cometidos en contra de periodistas trae como consecuencia el no disfrute de los derechos de verdad, justicia y reparación, elementos interrelacionados que son necesarios en todo proceso que trata de superar un escenario de violación de derechos humanos”, puntualizó.

El informe recomienda a un año del caso de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos a través del software Pegasus que se realice una investigación independiente, mientras que sobre la Ley General de Comunicación Social manifestaron preocupación al considerar que no se establecieron criterios claros para la designación de publicidad oficial, lo que permite la discrecionalidad.