Entre los temas prioritarios de la abultada agenda legislativa que la Cámara de Diputados deberá desahogar en el siguiente periodo ordinario de sesiones destacan la reglamentación de las reformas constitucionales en materia energética y político-electoral, cuyo plazo legal para concretarla vence en abril próximo.

En la lista de rezagos sobresale, además, la aprobación de las reformas a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, ya que el plazo para hacerlo venció desde principios de diciembre pasado.

Ello, sin contar el contenido de las agendas legislativas próximas a confeccionarse.

Discutiremos y, eventualmente, aprobaremos las normas secundarias que permitan instrumentar los cambios constitucionales’’, afirmó Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la diputación federal del PRI.

Aprobada por las Cámaras en diciembre pasado, la reforma constitucional en materia político-electoral debe ser ratificada por al menos 16 legislaturas locales para que el Congreso de la Unión pueda declarar su constitucionalidad y, una vez promulgada por el Ejecutivo federal, proceder a la confección y aprobación de las leyes secundarias. Hasta el pasado viernes, apenas siete legislaturas locales la habían ratificado.

De acuerdo con el régimen transitorio de la referida reforma, los diputados y senadores están obligados a expedir, de entrada, cuatro nuevas leyes generales en la materia, así como a modificar de manera integral el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y otras leyes existentes.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, explicó que en materia de reforma político-electoral el Congreso de la Unión cumplió desde diciembre anterior con su palabra empeñada y que su nueva responsabilidad en la aprobación de las leyes secundarias que permitan aterrizarla está condicionada ahora a su ratificación por parte de las legislaturas locales.

El perredista reconoció que la agenda legislativa de pendientes es muy grande, pero que si existe voluntad política sobre todo del PRI, PAN y PRD, las tres principales fuerzas políticas del país, sí se podrán concretar en el periodo febrero-abril.

Otros de los temas prioritarios, abundó, son los relacionados con la contratación de deuda pública por parte de los estados y los municipios, así como en materia de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, y la reglamentaria de las candidaturas independientes.

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