Organizaciones sociales coincidieron en que el Congreso de la Unión tiene la deuda de legislar para garantizar la seguridad y protección de la niñez en México.

En el 2019 se presentaron en el Senado de la República al menos 27 iniciativas para modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de las cuales se aprobaron cinco.

Del total, Morena y PAN presentaron nueve, respectivamente; el PRI tres; el PRD y PT dos cada uno; y PVEM y el Congreso de Nuevo León una.

Entrevistado por El Economista, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, señaló que si bien se han presentado distintas propuestas para la niñez mexicana, éstas se encuentran detenidas en comisiones, además de considerar que ha disminuido la calidad técnica de los proyectos.

“En las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, al ser de partidos políticos distintos confrontados, es un gran problema porque no hay comunicación; por un lado, tenemos iniciativas aprobadas en el Senado que están siendo bloqueadas en la Cámara de Diputados”.

Asimismo, destacó que el Poder Legislativo está obligado a armonizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con distintas normas para garantizar la seguridad, educación y salud de las y los menores.

“Esto hace que la ley general tenga una aplicación fragmentada y que esté anclada en servicios de asistencia, porque las distintas leyes como la de salud, educación e incluso la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, no están armonizadas”.

Expuso que por estas fallas, no se han logrado acciones efectivas para reducir las desapariciones y feminicidios de menores, las cuales van en aumento, alertó.

Por su parte, la directora de Infancia en Común, Mayra Rojas, enfatizó que tanto el Estado como la sociedad han sido omisos en avanzar por la dirección correcta en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en cualquier tema que involucre a este grupo de la población.

“Si las políticas públicas se quedan en el papel de poco o nada nos van a servir, tenemos que hacerlas llegar a la sociedad. Lo que hace falta es que la legislación ya se asiente en la realidad, pero necesitamos hacer énfasis en cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en qué estamos fallando como sociedad”.

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