El nuevo gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto deberá erogar a las 31 entidades federativas y Distrito Federal casi 65,000 millones de pesos para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal entre el 2012 y el 2016, este último año que constitucionalmente tendría que estar operando en todo el país.

El gasto de 65,000 millones de pesos será para defensores de oficio públicos, jueces de control, juicios orales y sus instalaciones, y la nueva figura que obliga el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que es la del juez de ejecución de sentencia.

De llegar a 100% de su instrumentación, permitiría ahorrar a la Federación 121,000 millones de pesos, según un estudio realizado por los especialistas Carlos Mendoza y Óscar Aguilar a petición del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría Técnica, el cual puede ser consultado en la página http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/PlanTrosC .

Los expertos exponen los costos-beneficios de implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que arrancó en el 2008 y tendrá que estar funcionando a 100% en el 2016, dos años antes de que concluya el gobierno de Peña Nieto.

En el análisis, se estima que presupuestalmente el sistema no ha representado una prioridad a los gobiernos estatales y federal, pues entre el 2007 y el 2012 se etiquetaron apenas 3.8 mil millones de pesos.

Las entidades federativas han etiquetado apenas 0.6% de recursos del sector seguridad y justicia a la implementación, mientras los subsidios federales representan 0.9% de los recursos que consumen las instituciones de procuración y administración de justicia.

Este porcentaje -agregan- cobra relevancia al compararlo con la suma de fondos y subsidios federales para seguridad y justicia que representan 16.3% del presupuesto del sector.

Sin embargo, la operación del sistema hasta el momento no refleja incremento notable en plantillas de personal para desarrollar de forma correcta las figuras como profesionales de atención a víctimas, atención inmediata o integral, facilitadores para aplicar medidas alternas, policías procesales, defensores públicos, jueces de control, orales y ejecución.

Hasta la fecha, las entidades donde ya opera en forma total el nuevo sistema son: Chihuahua, Estado de México y Morelos, de forma parcial: Baja California, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas.

En cuanto al ahorro, los especialistas sostienen que actualmente el tiempo promedio para emitir una sentencia es 543 días, mientras que en el nuevo sistema serían 152 días.

Es decir, una reducción de 391 días. Si esta disminución se generalizara, se podrían ahorrar entre el 2012 y el 2016 105,000 millones de pesos en presupuestos a procuradurías, defensoría pública y Poder Judicial . 

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