Autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se manifestaron por fortalecer el andamiaje institucional y normativo para atacar actos deshonestos con los recursos públicos.

Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA expresó que son necesarias reformas legales para fortalecer el trabajo de esa instancia, así como los comités de los estados para dotarlos de un mayor autonomía y fuerza.

Expuso que uno de los grandes cuestionamientos que se hacen actualmente al SNA y a su comité es la falta de resultados, pero en alguna medida eso se debe a la carencia de facultades para actuar de manera autónoma.

“Hoy por hoy estamos sujetos a someter todas las ideas que nosotros tenemos a una secretaría ejecutiva o al comité coordinador, que son colegiados y eso va dilatando la implementación de medidas”, indicó.

Concretamente comentó que el CPC debería tener capacidad para presentar de manera directa denuncias, solicitudes o mociones a las autoridades, sin tener la necesidad de pasar por el comité coordinador.

Por su parte el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, opinó que en materia de la lucha contra la corrupción lo que sigue es preparar es el Sistema Nacional Anticorrupción 2.0.

Explicó que no es ningún problema que se detecte que alguna de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción no está funcionando, porque justamente se requiere saber qué no está marchando bien para poder corregirlo.

Agregó que este tipo de ajustes se realizan en cualquier sistema, ya que ninguno queda totalmente completo nunca.

“Lo que ocurre es que se diseña, se instala, se pone a funcionar y se empieza a corregir, tal como ocurre con los celulares, que constantemente se están actualizando”.

Sostuvo que lo que sigue es una discusión y el diseño de políticas públicas que ataquen a la corrupción en todos sus frentes y que sin duda vendrá una discusión respecto a lo que se tiene que hacer, por dónde empezar, así como quiénes serán los actores relevantes.

Mientras que para Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, si bien ya está en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, aún el problema no está resuelto, pues apenas se colocaron los cimientos. Por ello, consideró que el principal desafío de la próxima administración federal que iniciará el 1 de diciembre es implementar una verdadera política nacional anticorrupción.

“Lo que se ha avanzado es sólo a nivel normativo, en términos de implementación falta todo por hacer”.

El primer paso, recordó, es concluir con los nombramientos que aún están pendientes como son el fiscal anticorrupción; y los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

La política, sostuvo, deberá incluir cuatro ejes: 1. Profesionalización y generación de capacidades; 2. Fincamiento de responsabilidades; 3. Corrupción de ventanilla: puntos de contacto y, 4. Corrupción en “redes”.

Respecto a las primeras acciones anunciadas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que uno de los elementos que le preocupan es que hasta ahora no ha mencionado nada sobre profesionalizar a todos los servidores públicos que formarán parte de la estrategia de lucha contra la corrupción.

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