Las comisiones en el Senado tienen listo el proyecto de dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la PGR, que constituye una de las dos leyes en materia penal del paquete anticorrupción. Este documento promueve que el fiscal especializado de combate a la corrupción sea designado por el Senado y que dure en su cargo hasta el 30 de noviembre del 2018.

El proyecto de dictamen es casi toda la iniciativa que respaldaron el PAN y el PRD.

Incluye que la fiscalía especializada de combate a la corrupción gozará de independencia técnica y operativa para investigar a los corruptos y tendrá garantizado un presupuesto mínimo de 4% del total asignado a la Procuraduría General de la República (PGR).

Este presupuesto, actualmente sería de 658 millones 742,678 pesos para la fiscalía especializada, pues la PGR goza de un presupuesto de 16,468 millones 567,000 pesos.

El proyecto de dictamen, del cual El Economista tienen copia, precisa que la fiscalía pueda ordenar el aseguramiento o solicitar el decomiso de bienes propiedad de los imputados o sentenciados por delitos de corrupción; además de realizar las dirigencias judiciales para la extinción de dominio de los casos de enriquecimiento ilícito.

También, que emita guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios Periciales y la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación, en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción.

Para sus trabajos se auxiliará de una instancia competente en materia de servicios periciales y forenses.

La fiscalía especializada, que es parte de la PGR, tendrá al menos 25 atribuciones, entre ellas el investigar los delitos del fuero federal y los del fuero común que le permita su facultad de atracción y desarrollar herramientas de inteligencia de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de actividades ligadas a delitos de corrupción.

El fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes del Senado y podrá ser removido por el procurador general de la República. La destitución podrá ser objetada por el Senado en los 15 días posteriores a la destitución.

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