Si bien desde el Congreso se ha enfatizado que para la designación de las y los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no habrá “cuotas ni cuates”, la ley permite que se dé paso a este procedimiento, por lo que es necesario que legisladores garanticen los nombramientos, coincidieron expertos.

En unos días, la Cámara de Diputados deberá nombrar al Comité Técnico de Evaluación que iniciará el proceso para revisar los perfiles de los candidatos para ocupar los cuatro cargos vacantes a partir de abril en el organismo autónomo. Sin embargo, especialistas destacaron la importancia de evaluar minuciosamente los perfiles de quienes aspiren a ello.

Entrevistado por El Economista, el jefe de la Oficina para México y Centroamérica del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Miguel Ángel Lara, señaló la necesidad de que más allá de las declaraciones, realmente la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja incluya a todas las fracciones parlamentarias, con el fin de evitar una crisis poselectoral.

“Debe de haber votos y no vetos. Equivocarse en un nombramiento no solamente queda ahí, sino que afecta a la institución y sobre todo la credibilidad de los procesos electorales, entonces lo que está en juego es la credibilidad de las elecciones del 2021, el 2024 y hasta el 2027”, aseveró.

En ese sentido, recordó el “pecado original” del entonces Instituto Federal Electoral, cuando el Partido de la Revolución Democrática no participó en la elección de consejeros, lo que dio pie para que criticaran la institución y en el 2006 el sol azteca rechazara los resultados electorales.

“La historia nos enseña en México y en otros países que cuando se excluye a una fuerza política o a varios hay problemas, eso afecta la confianza en la autoridad electoral y en los resultados de elecciones. Es importante que todos los partidos políticos, sin importar su tamaño, participen”.

También exhortó a los congresistas a no caer en los mismos errores que en designaciones anteriores, por lo que deberá ser indispensable la transparencia y la rendición de cuentas del proceso, con el fin de que “las consejeras y consejeros no sean correa de transmisión de los partidos”, enfatizó.

Por su parte, el investigador asociado de la Fundación José Ortega y Gasset de España en México, Carlos González, explicó que por disposición constitucional, para el nombramiento del Consejo General del INE los partidos políticos representados a través de sus grupos parlamentarios eligen a los integrantes. Por lo que planteó que la ley debe ser modificada.

“Desde que se ciudadanizó el INE, las y los consejeros han sido designados por los partidos políticos, y ha dado origen a la percepción de que los partidos se distribuyen en cuotas, si tienes más diputados tienes más posiciones. Este mecanismo no quiere decir que se repartan la posición del consejo como un botín. Hay que exigir que los resultados sean por un práctica parlamentaria”.

Además, dijo que se deben considerar experiencias internacionales para llevar a cabo estos nombramientos de manera transparente, imparcial y tomando en cuenta el perfil de los aspirantes.

“No estamos jugando, ya estamos viendo en América Latina verdaderos desastres que ocurren cuando la autoridad electoral y el proceso político no es conocido de manera adecuada. El INE reclama frente a las elecciones del 2021, que van a hacer monumentales, perfiles técnicos altamente capacitados y perfiles ciudadanos perfectamente comprometidos con los procesos democráticos”, concluyó.

marisol.velazquez@eleconomista.mx