A cuatro días de cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares pidieron a las autoridades localizar los videos del Palacio de Justicia de Guerrero grabados los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

Mediante un comunicado, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos narraron que aquella noche del 26 de septiembre del 2014, el autobús 1531 salió de la Central de Autobuses Estrella Blanca de Iguala, Guerrero, por la calle Juan N. Álvarez y dobló por la avenida Aldama rumbo a Chilpancingo.

Abordo iban alrededor de 15 a 20 estudiantes según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 14 de abril de 2016. Al llegar al Palacio de justicia, la Policía Municipal de Iguala disparó a las llantas del autobús impidiéndole el paso.

“De manera violenta intentaban bajar a los jóvenes de los autobuses, al no lograrlo cortaron ramas de los árboles y quebraron las ventanas del autobús, tirando bombas de gas lacrimógeno al interior obligando de esta forma a los estudiantes a descender del vehículo. La policía golpeaba violentamente a los estudiantes al ir bajando y de inmediato los subían a las patrullas. También arribaron al lugar Policías Municipales de Huitzuco y en sus patrullas se llevaron a los estudiantes. Afirman los testigos haber escuchado que cuando Policías Federales preguntaban por 'los chavos', estos respondieron: 'ya se los llevaron los de Huitzuco, allá el patrón sabrá que hacer con ellos'. Otros datos de prueba corroboran la presencia de esta corporación policiaca en el lugar”, describieron.

Añadieron que la agresión a los estudiantes, la interacción de los diversos cuerpos policiacos en el lugar y el rumbo donde fueron llevados los jóvenes, fueron captados por seis cámaras de circuito cerrado que estaban en el Palacio de Justicia de Guerrero, y que según peritajes de expertos independientes las cámaras tenían un radio de acción que les permitió ver toda la violencia desplegada contra los estudiantes y la identidad de los perpetradores. Sin embargo, dijeron, los videos que se generaron por el sistema de circuito cerrado no existen y según las declaraciones de los trabajadores técnicos y autoridades del Poder Judicial habrían intentado hacer un respaldo de los mismos pero los dispositivos estaban averiados.

“A la fecha los videos siguen sin aparecer. Se desconoce si el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero inició acciones legales contra servidores públicos implicados en la pérdida de los referidos videos. El Congreso del Estado de Guerrero el año pasado conformó una Comisión para que investigara estos hechos. A la fecha se desconoce los avances que tenga al respecto, pues los padres de familia de los 43 le habrían solicitado desde el año pasado que enfocara sus trabajos para esclarecer lo relacionado con la pérdida de los videos”, refirieron.      

Consideraron que dichos videos son “una prueba fundamental de cómo fueron agredidos los estudiantes, hacia dónde fueron llevados y quiénes son los autores de este crimen, razón por la cual es menester dilucidar dónde está esta evidencia toral para el esclarecimiento o en su caso, qué acciones legales han emprendido las autoridades contra quienes manipularon y destruyeron tales pruebas”.

jmonroy@eleconomista.com.mx

kg