A fin de garantizar que la eficiencia del gasto se encuentre respaldada con un plan de austeridad que propicie el ahorro público, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores, a través de Beatriz Paredes Rangel, promueve expedir la ley de austeridad y eficiencia gubernamental.

Una correcta implementación de ahorro público trae consigo beneficios económicos que se traducen en oportunidades de crecimiento y desarrollo en distintos aspectos como el financiero, laboral, económico y, sobre todo, social, refiere la exposición de motivos de la iniciativa priista.

En análisis por parte de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta, la nueva ley establecería en su último artículo, el 35, que su incumplimiento “será objeto del fincamiento de responsabilidades en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran resultar”.

Las medidas de austeridad aplicables a la administración pública federal, según la propuesta, serán detalladas de manera específica en el programa d austeridad que mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el artículo 61.

La referida ley, vigente, ordena que el Ejecutivo federal expida un programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la administración federal.

Y que las dependencias y entidades deben cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en dicho programa.

Los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos por disposición constitucional, institutos nacionales de salud, centros públicos de investigación, empresas productivas del Estado y demás entes públicos que cuenten con un régimen especial de autonomía presupuestaria en términos de las leyes que los rigen, establecerán medidas de austeridad de acuerdo con las particularidades de cada ente público, cita el artículo 8 de la ley en ciernes.