La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de eliminar rasgos autoritarios y corporativos del viejo orden laboral.

Además plantea la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, la derogación del apartado B y la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA).

La bancada perredista agregó que la propuesta de reforma persigue configurar un modelo incluyente de relaciones laborales, sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores; la promoción bilateral de la modernización productiva y el reparto justo de sus resultados por medio de mejores salarios.

También aborda el goce pleno y la ampliación de los derechos colectivos: de asociación, contratación colectiva y huelga.

A nombre del PRD, el coordinador y vicecoordinador del grupo, Silvano Aureoles Conejo y Miguel Alonso Raya, respectivamente, coincidieron en que se busca un modelo que remonte las limitaciones que hoy tienen los asalariados, en particular los trabajadores al servicio del Estado.

Un modelo, agregaron, que considere el reconocimiento de derechos de los trabajadores de confianza y de otros sectores sujetos a regímenes de excepción por sus condiciones de contratación, género, edad, discapacidad, preferencia sexual, condiciones de salud, ubicación geográfica e inserción productiva.

Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que un elemento esencial de la reforma es el principio de libertad sindical con pluralidad, autonomía y democracia, que posibilite la participación libre y directa de los trabajadores.

También se busca la estabilidad en el empleo que debe ser respetada irrestrictamente y la capacitación profesional para mejorar la profesionalización de los trabajadores y su empleabilidad, a lo que debe ligarse nuestra propuesta adicional de instauración del seguro de desempleo, operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los legisladores subrayaron que la propuesta se basa en tres ejes fundamentales y son la protección de los intereses de los asalariados, rechazo a la precarización del empleo y mejores condiciones de contratación colectiva.

No obstante, para ser exitoso, aclararon, este cambio en el modelo laboral debe sustentarse en la equidad y la justicia social para los asalariados.

En su propuesta los legisladores perredistas explicaron que esta iniciativa es producto de un ejercicio colectivo de análisis y discusión de los proponentes, así como de sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, y de otros sectores laborales y sociales.

En este contexto, expusieron que nuestra alternativa promueve un sindicalismo fuerte, independiente y plural.

Según la propuesta, el aumento de transparencia de la vida sindical y la existencia de incentivos institucionales que fomenten la cooperación y la mejora sostenida de la productividad generará beneficios indiscutibles a los inversores.

La iniciativa, explicaron, aspira a impulsar una transformación sustancial del viejo modelo de relaciones laborales, considerando tres ejes principales.

Estos lineamientos, aseveraron, fomentaría un modelo incluyente de relaciones laborales sobre bases diferentes o, si se prefiere, sobre la base de un nuevo pacto social que impulse una vía alta de desarrollo sustentada en la alta productividad y los altos salarios.

La reforma laboral que se propone, puntualizaron, se inserta en una reforma social del Estado, que responda a la profunda transformación en la que se halla inmerso el sistema político y sea compatible con el modelo de desarrollo económico con justicia social.

klm