El show electoral y mediático llegó a la Cámara de Diputados a escasos 10 días de los comicios en 12 estados del país en que se disputará la gubernatura.

Gustavo Madero Muñoz, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado, y Gabriel Reyes Orona, exprocurador Fiscal de la Federación llegaron al palacio legislativo de San Lázaro al filo del mediodía a presentar sendas denuncias de juicio político y de declaración de procedencia o desafuero.

El panista demandó sujetar a juicio político al gobernador priísta de Veracruz, Fidel Herrera, y separarlo del cargo por su clara intromisión en el desarrollo del proceso electoral en aquel estado sureño y la utilización de recursos púbicos en favor de los candidatos del PRI, violentado el principio constitucional de imparcialidad.

En tanto, Reyes Orona, presidente de la organización civil Transparencia Nacional, interpuso dos denuncias, una de juicio político y la otra de declaración de procedencia contra Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y exdirector del IMSS, por diversas acciones y omisiones en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y por violaciones graves a las leyes presupuestarias .

Madero Muñoz anunció con antelación su intención de interponer ayer la denuncia, Reyes Orona llegó de improviso.

Cuando el panista salió de la Secretaría General de la Cámara Baja, donde se presentan las denuncias de ese tipo, el ciudadano vinculado con el PRI ya había terminado de declarar ante los reporteros.

La plaza central del palacio legislativo de San Lázaro, prácticamente muerta por estos días debido a que hay periodo de receso, se convirtió de pronto en un hervidero de gente.

Cabe hacer mención de que en la Cámara Baja hay aproximadamente 160 denuncias de juicio político que se encuentran congeladas y que, de acuerdo con la ley, tienen que desahogarse por riguroso turno .

Lo que quiere decir que, en el mejor de los casos, las denuncias contra Fidel Herrera y Molinar Horcasitas tendrán que esperar un buen rato, si no es que años como ha sucedido con el resto de las demandas presentadas, antes de ser procesadas.

En su oportunidad ante la prensa, Madero Muñoz explicó que, de acuerdo con la ley, las denuncias interpuestas contra Molinar Horcasitas, su correligionario, ya no proceden.

Y es que el Artículo 114 constitucional establece que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.

Aunque también precisa que la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años, y que los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña otro cargo público o de elección popular.

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