El Partido Acción Nacional (PAN) demandó a la PGR investigar hasta sus últimas consecuencias la procedencia y el destino de los 25 millones de pesos que se incautaron al gobierno de Veracruz, ante la presunción de que sean utilizados con fines electorales.

En rueda de prensa, el secretario de Acción de Gobierno panista, Juan Molinar Horcasitas, señaló que de comprobarse el presunto desvío de recursos, se deberá dar cuenta a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) para que se actúe en consecuencia.

"La pulcritud en el manejo de los recursos para campañas políticas, es una necesidad imperante que marca desde hoy la diferencia en el comportamiento de los partidos y de los candidatos que desean gobernar este país", estableció en la sede nacional panista.

Luego de que el viernes pasado la Procuraduría General de la República (PGR), incautó los recursos en el aeropuerto de Toluca, presuntamente destinados a la realización de fiestas populares en Veracruz, Molinar dijo que "no existe justificación válida para que un gobierno estatal realice semejante operación".

Opinó que los argumentos vertidos por el gobierno veracruzano sobre el destino de los recursos sin duda ofenden a la inteligencia de los mexicanos, dado que no se pueden hacer pagos en efectivo por esa cantidad a los proveedores de servicios.

"Hasta un niño de cinco años sabe perfectamente que un proveedor no se le paga semejante cantidad en efectivo y nadie razonable se toma la molestia en utilizar un avión oficial, en lugar de utilizar los servicios normales de transporte de valores", comentó.

El funcionario panista calificó de "sospechoso" que los recursos hayan sido trasladados a la capital mexiquense, "donde casualmente opera su campaña el candidato ungido del PRI", cuando los servicios supuestamente contratados son para otorgarse en el estado veracruzano.

De tal suerte solicitó a las autoridades del gobierno local encabezadas por Javier Duarte de Ochoa, responder ante la opinión pública nacional y los veracruzanos seis cuestionamientos para aclarar el uso y destino de esos recursos.

Esto es, por qué hace el gobierno de Veracruz operaciones de pago en efectivo a proveedores, si la ley limita este tipo actos para dar transparencia a los actores privados, "cuanti más públicos".

Además, el gobierno local deberá aclarar si se trató de una operación extraordinaria o así opera todos los días, por qué paga a proveedores en oficinas de particulares, en lugar de citarlos en oficinas de gobierno.

Tendrá que responder en qué institución bancaria se cambió el cheque para obtener el efectivo, por qué no se utilizó una camioneta de valores para el traslado de los recursos y se utilizó un avión oficial y, finalmente, por qué el responsable de recibir el dinero en efectivo es un guardaespaldas ajeno al gobierno del estado.

MIF