La detención del General Salvador Cienfuegos en Estados Unidos acusado de narcotráfico y presunta colusión con el crimen organizado, pone de manifiesto la necesidad de poner en pausa 14 años de participación del Ejército en tareas de seguridad pública mientras se lleva a cabo una investigación profunda en México sobre ese tema, demandaron organizaciones sociales a través de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el colectivo Seguridad Sin Guerra.

“En diciembre se cumplen 14 años desde que nuestras Fuerzas Armadas ejercen funciones de seguridad pública, que no les corresponden, en buena parte del territorio nacional. Además, hoy asumen tareas de gobierno como la construcción de infraestructura, la operación de aeropuertos, las capitanías de puertos marítimos, el manejo de programas sociales, el manejo de instituciones de educación media superior y una cantidad creciente de recursos financieros.

“En la presente administración se han dado al menos 14 tareas civiles a nuestros cuerpos militares. La mayoría de estas funciones se han entregado a los cuerpos castrenses sin controles civiles serios ni reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, pero siempre han ido acompañadas de vastos recursos presupuestales”, señalaron dichas organizaciones en un comunicado.

Argumentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su confianza en el Ejército por ser un oganismo en el que no hay corrupción.

“De comprobarse las acusaciones hechas en Estados Unidos contra quien encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional de 2012 a 2018 dejaría más claro que la corrupción es un problema grave en el Ejército mexicano. La simple investigación en contra del General Cienfuegos es el llamado de atención más contundente sobre la irresponsabilidad de continuar con la militarización de las funciones gubernamentales, como si el problema se limitase a una persona. Lo responsable sería respetar la Constitución y poner en pausa el proceso de militarización en curso hasta que no se investigue qué tan amplia y extensa es la red de corrupción que involucra a nuestras Fuerzas Armadas y que se haga también aquí en nuestro país”, demandaron.

“Exigimos que la Fiscalía General de la República cumpla con la obligación de investigar en México las redes de corrupción y delitos señalados. Esto además no deben limitarse a los hechos señalados por el gobierno de Estados Unidos, sino también incluir en las investigaciones las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. Se debe garantizar que no participe ningún militar, ni en retiro ni con licencia, que forme parte del personal de las Fiscalías”, plantearon.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el colectivo Seguridad Sin Guerra cuestionaron que el gobierno federal promueva la desaparición de fideicomisos para científicos, creadores, artistas y defensores de derechos humanos, pero mantenga aquellos relacionados con el Ejército.

Asimismo, cuestionaron que recientemente el Poder Ejecutivo federal haya dado la instrucción de dejar el mando operativo de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Desde Seguridad Sin Guerra hacemos un llamado urgente al gobierno de México y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, a poner alto a la militarización y a restituir el orden constitucional. Las Fuerzas Armadas deben estar sujetas al poder civil con reglas de transparencia y fiscalización”, plantearon.

Finalmente, pidieron al Senado suspender la aprobación de las reformas a las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimo, y a la Cámara de Diputados a ratificar y ampliar la controversia constitucional que en su momento presentó la diputada Laura Rojas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto presidencial del 11 de mayo sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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