Organizaciones sociales de México y Estados Unidos acusaron el impacto negativo del protocolo "Quédate en México" (también conocido como Migration Protection Protocols –MPP y Remain in Mexico), ante las posibles violaciones en el derecho al asilo de las personas.

 Dicho programa, acusaron las organizaciones, está lejos de lo humanitario, pues “Quédate en México”, que establece que todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, en la frontera con México, serán regresadas a territorio mexicano para esperar la resolución de su caso ante las cortes estadounidenses ha contabilizado hasta el 15 de octubre de unas 51,407 personas, principalmente por Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tijuana y Mexicali, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

“Dichas personas no tienen la posibilidad real de acceder al debido proceso y representación legal, y en consecuencia ganar sus casos. En 10 meses, de las 51,407 solicitudes realizadas, sólo se han ganado tres casos, lo que evidencia el objetivo de dicho protocolo, impedir el asilo en Estados Unidos, del cual el gobierno mexicano es cómplice. Desde 2017, el gobierno estadounidense ha tomado diversas medidas para impedir la migración y el asilo en su país”, expresaron las organizaciones.

Agregaron que entre las personas devueltas hay familias y población en condiciones extremas de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, aun si parte del acuerdo entre ambos países era la no devolución de este grupo poblacional.

A ello, señalan, se suman las condiciones de inseguridad a lo largo de la frontera norte de México que deja en la indefensión a la población solicitante de asilo en Estados Unidos que ha sido devuelta a México.

De acuerdo con un monitoreo en línea de 70 publicaciones que reportaban el secuestro de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México, realizado entre septiembre y octubre de 2019, se registraron 418 reportes.

Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde se registró el mayor número de secuestros. En la central de autobuses, saliendo de módulos del Instituto Nacional de Migración y a la salida de albergues son los lugares donde se registró el mayor número de secuestros; siendo el crimen organizado y la policía federal los principales perpetradores. El 13% del total de los 418 reportes pertenece a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales; 50 son menores de edad; y 38 familias.

Por ello, las organizaciones urgieron a respetar el derecho de las personas que huyen de la violencia, y otras formas de persecución, a solicitar asilo en el lugar donde se sientan más seguras, por lo que los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, deberían invertir en fortalecer sus sistemas de asilo y no en obstaculizar los derechos de las personas.