Bajo la advertencia de posibles regresiones en materia de atención a víctimas, búsqueda de personas y en general en la investigación y persecución de los delitos, este lunes se llevó a cabo, sin la participación del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el primer día de Parlamento Abierto sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Por más de cinco horas y con el propósito de conocer los distintos puntos de vista y opiniones de expertos y diversos sectores de la sociedad, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio inició de manera virtual a las Audiencias Públicas.

En dicho encuentro, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, como México Evalúa, Fundar, Impunidad Cero, el Observatorio Nacional Ciudadano, representantes de colectivos de búsqueda de personas y la ONU-DH, entre una decena más, expresaron sus preocupaciones entorno a que las modificaciones a la FGR presentan retroceso en los derechos que se les debe reconocer a las víctimas, como la facilidad de otorgar expedientes o incluso, se acusó de pretender implementar cambios “a modo” al limitar más los derechos de las víctimas al no plantear una coordinación entre estas últimas y los ministerios públicos, además de solicitar peritos independientes.

Asimismo, entre los reclamos se destacó la propuesta de desvincular a las fiscalías especializadas en desaparición de personas de la FGR, pues indicaron que desaparecería la obligación de apoyar a los colectivos en las búsquedas de personas.

También se subrayó que las modificaciones planteadas por Gertz Manero establecerán una estructura más burocrática parecida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aunado a que los cambios no permitirían la participación de profesionales para atender los fenómenos delictivos, mientras que la reinclusión de la SEIDO a la estructura de la FGR implica un regresión al modelo transversal que se estableció en la ley vigente.

Así como indicar que se ha malentendido lo que es la autonomía de la FGR, pues ésta se aisló de sus obligaciones con respecto a la participación ciudadana y la rendición de cuentas; también se indicaron retrocesos al restar facultades al sistema de búsqueda con relación a la coordinación de la FGR con otras instancias en materia de atención a víctimas.

Al igual que se observaron limitaciones en el apoyo pericial y el adelgazamiento del mecanismo de apoyo al exterior, pues sólo se menciona un ligero intercambio de información, lo cual actualmente tiene una mayor regulación, pues además de intercambiar información, también se incluyen la presentación de pruebas.

En tanto, se advirtió una reducción en la protección de las partes, ya que únicamente se hace alusión a las víctimas y no a los testigos; mientras que se dijo que es indispensable atender la falta de controles internos y externos, así como la institucionalización del servicio de carrera en la FGR.

En el caso de los planes de persecución penal, expresaron que la forma en que se plasma en la minuta constituye una limitación de tres años, lo que impide generar un plan de persecución de largo aliento. Además de que las resoluciones con base en expedientes y no en audiencias significa un retroceso.

Por otro lado, pese a que los integrantes de las organización y expertos criticaron la ausencia del fiscal General en este encuentro, Gertz Manero si se reunión, horas antes y de manera privada, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar el decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se informó en un comunicado que, resolvieron algunas dudas y manifestaron las inquietudes que tienen los Grupos Parlamentarios sobre la minuta que aprobó el mes pasado el Senado de la República.

Además, se comunicó que los líderes de los grupos parlamentarios que integran la Jucopo, manifestaron su disposición al Fiscal General para aprobar una legislación que garantice su autonomía, donde se escuche la voz del Ministerio Público para tener una ley eficaz y en beneficio de las víctimas y ofendidos del país.