Durante el 2020, el homicidio doloso tuvo una disminución mínima de 1.28% respecto al 2019. Los delitos patrimoniales como robo a negocio o casa habitación también registraron una ligera disminución. Sin embargo, la violencia de género (feminicidio) se agudizó; la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior.

Así lo dio a conocer Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), al presentar en videoconferencia el Análisis del comportamiento de delitos en 2020.

Rivas consideró difícil que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios, equivalente a 1.28% por 100,000 habitantes, sea un éxito atribuido a una acción o política pública de la autoridad federal. Sostuvo que este porcentaje se refiere a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.

El director del ONC indicó que “esto nos dice que la disminución esperada, prometida por este gobierno, no se está cumpliendo. Lo que sí vemos es que este año (2020), particularmente cuando analizamos el homicidio, nos damos cuenta que los casos disminuyeron, las víctimas se mantuvieron, pero si los casos disminuyeron fue porque la actividad acotada (por la pandemia de Covid-19) no permitió que se consumaran más delitos del fuero común”.

Francisco Rivas mencionó que el feminicidio tuvo en 2020 una disminución de 0.76%, aunque aumentó el número de víctimas; el secuestro registró un decrecimiento de -36.96% y la extorsión una disminución de -7.74 por ciento.

En tanto, el Análisis del comportamiento de delitos en 2020 refirió que el robo con violencia a nivel nacional tuvo un decremento de -21.79% por cada 100,000 habitantes; el robo de vehículo disminuyó 23.1%; el robo a casa habitación bajó 23.7%; robo a negocio cayó 20.1%; el robo a transeúnte decreció 23.52%; el robo en transporte público bajó 35.9% y la violación disminuyó 5.41 por ciento.

“El feminicidio tuvo una disminución en tasa de menos de 1%, y en números absolutos 2020 se consolidó como el año con el mayor número de víctimas femicidio, y los otros delitos sí presentaron disminuciones que se asocian al inicio de la jornada nacional de sana distancia; solo es el secuestro que ya presentaba una tendencia a la baja”, remarcó.

El director del ONC advirtió que el recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, insistió, no debe ser manejado políticamente. Y fue más allá al establecer que la comunicación de las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable. Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía si no que favorece la toma de malas decisiones de política pública, sentenció.

Violencia familiar

El estudio del Observatorio Nacional Ciudadano destacó que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. Mencionó que durante el 2020 aumentó 3.74% la violencia intrafamiliar.

Francisco Rivas aseveró que el abandono de las políticas de protección a esos sectores favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.

Asimismo, aconsejó poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Aseguró que estos delitos exhiben la debilidad del sistema y demuestran que existe violencia que trasciende al número de víctimas, por lo que se debe poner particular atención al desarrollo de una estrategia de seguridad puntual, preventiva y no meramente reactiva. 

El análisis advirtió además que el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. Argumentó que en todo el país entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se registraron 52 asesinatos en contra de funcionarios públicos.

Ante este escenario, el gobierno federal, recomienda que más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, debe velar por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la violencia política.

jorge.monroy@eleconomista.mx